Este martes se reveló el informe preliminar de la Contraloría referente a la gestión financiera de la Alcaldía de Medellín durante el año 2022. Dentro de este informe, se destacó un apartado especial que aborda el manejo de la caja menor por parte del exalcalde Daniel Quintero, abarcando todo el período de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.
En el análisis realizado por el equipo auditor de la Contraloría, se identificó que Quintero utilizó un total de $124.566.005 para pagos en restaurantes. Sin embargo, únicamente $7.799.790 de este monto estaban debidamente autorizados y certificados para cubrir encuentros oficiales del exalcalde, que es el propósito designado para los fondos de caja menor. Esto implica que más del 93,5% del total, equivalente a poco más de $116 millones, no contaba con la debida autorización ni certificación.
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En el detallado examen, se reveló que dentro de estos gastos no autorizados se realizaron compras individuales o personales, incluyendo combos ejecutivos, y en algunos casos, compras de comida suntuaria, afectando la eficiencia del gasto público.
Adicionalmente, la Contraloría observó gastos relacionados con restaurantes en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, que no deberían haberse sufragado mediante la caja menor, sino que deberían haberse pagado como viáticos. En estas ciudades, no solo se incurrió en gastos de restaurantes, sino también en refrigerios, bebidas y hasta panadería, sumando un total de $1.066.215 que, según la Contraloría, «no fueron urgentes, ni imprevistos ni necesarios».
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Es importante señalar que este posible hallazgo se basa en el análisis del 50,26% de las facturas y recibos de gastos correspondientes al año 2022, mientras que para el año 2023 la muestra fue del 100%. Destaca que la mayoría de estos gastos se realizaron en el restaurante El Corral de Bogotá y en la cafetería Starbucks, ambos ubicados en la capital.
En resumen, según indica la Contraloría en su informe preliminar, se ha comprometido el principio de eficiencia en la gestión fiscal, generando una posible pérdida patrimonial estimada en $117.832.430.
El informe destaca la presunta violación de al menos siete decretos, normas y leyes por parte de la Alcaldía en relación al manejo de los fondos fijos. En consecuencia, el ente de control sugiere que los responsables podrían enfrentar sanciones tanto fiscales como disciplinarias.
