En una reciente declaración, Patricia Tobón Yagari, directora de la Unidad para las Víctimas del gobierno colombiano, propuso que los bienes expropiados a organizaciones criminales sean destinados a la reparación de las víctimas del narcotráfico. Esta medida busca transformar los activos confiscados en herramientas de justicia social, un tema que ha generado amplio debate en el país.
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Sin embargo, la propuesta ha despertado interrogantes sobre cómo se manejarán casos específicos, como el señalado por el portal Agencia BK. Según esta fuente, el gobierno del entonces presidente Iván Duque Márquez, conocido por su cercanía al expresidente Álvaro Uribe Vélez, habría cedido en alquiler un apartamento expropiado a Carlos Escobar Marín, personaje vinculado al narcotráfico.
La publicación resalta las incongruencias en la gestión de bienes expropiados durante esa administración, cuestionando si estos también serán utilizados para las reparaciones propuestas por Tobón Yagari. Este caso, calificado por algunos como un «narcoalquiler», ha generado críticas por el presunto uso de bienes confiscados con fines que no benefician a las víctimas directas del conflicto y el narcotráfico.
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La iniciativa de la Unidad para las Víctimas surge en un momento crítico, donde el país busca redefinir las políticas de justicia transicional y reparación. Ahora, la atención se centra en si las propuestas incluirán un examen profundo de los manejos pasados de bienes expropiados, como el mencionado, y si se establecerán mecanismos transparentes para evitar irregularidades similares en el futuro.
El debate está abierto: ¿logrará esta propuesta ser un punto de inflexión en la política de reparación a las víctimas? ¿Se hará justicia con aquellos que más han sufrido los estragos del narcotráfico, incluso en casos polémicos como el del apartamento de Escobar Marín?
