La Fiscalía General de la Nación ha expedido la Directiva 0001 de 2024, un documento que establece los principios rectores para la investigación y judicialización de los responsables de delitos que afecten el derecho a la protesta, así como de aquellas expresiones violentas que exceden el ámbito de protección de las expresiones sociales.
Este documento es el resultado de varios meses de estudio y análisis interinstitucional en respuesta a una solicitud formal del Ministerio de Justicia y del Derecho realizada a finales de abril de este año. La directiva proporciona criterios orientadores para fiscales e investigadores en el análisis de eventos relacionados con la protesta social.
La directiva recopila la normatividad vigente y la jurisprudencia de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional de Colombia, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las guías de Naciones Unidas sobre la materia. Esta herramienta precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones.
El documento reafirma el marco legal y procesal aplicable a las investigaciones por actos que exceden el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Se insta al personal de la Fiscalía a tomar decisiones libres de prejuicios y discriminación, brindando especial protección a defensores de derechos humanos y periodistas que cubren las protestas.
Asimismo, se profundiza en las conductas delictivas relevantes en escenarios de protesta, tales como la obstrucción de vías, perturbación del servicio de transporte público, violencia contra servidores públicos, daño en bien ajeno y asonada. Se precisan las formas de participación en estas conductas punibles y las diferencias entre coautoría y concierto para delinquir.
La Directiva 0001 de 2024 distingue entre el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social pacífica, amparado en la Constitución Política, y las conductas punibles que pueden surgir en el marco de las manifestaciones. En estos casos, la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de ejercer la acción penal, recolectar y custodiar los elementos materiales probatorios con apego a los principios de debida diligencia y plazo razonable, y desarrollar investigaciones sólidas y bien fundamentadas.
Con esta directiva, la Fiscalía busca contribuir a la consolidación de rutas democráticas que permitan al país expresar sus diferencias a través del debate respetuoso y de la protesta social pacífica.
Conozca aquí el texto completo de la Directiva 0001 de 2024.
