Defensa pública: reglas para usar inteligencia artificial
La defensa pública ya tiene una guía para el uso de inteligencia artificial. La Defensoría del Pueblo presentó el documento como un marco para apoyar labores jurídicas y administrativas, sin permitir que la tecnología tome decisiones sobre los derechos de las personas.
Según informó la entidad, el principio central es que estas herramientas pueden servir para procesar información y agilizar tareas, pero la responsabilidad de una decisión jurídica sigue en cabeza de quien ejerce la defensa. Por eso, cualquier uso de inteligencia artificial debe estar acompañado de supervisión humana, verificación de la información, protección de datos personales, trazabilidad y controles para reducir sesgos y errores.
Apoyo técnico, no sustitución del criterio jurídico
La guía orienta a defensoras y defensores públicos sobre cómo incorporar estas tecnologías bajo un enfoque de derechos humanos y garantías constitucionales. También ofrece pautas prácticas para emplearlas en actividades jurídicas y administrativas, especialmente cuando están involucradas personas en situación de vulnerabilidad o decisiones con efectos significativos sobre sus derechos.
Entre los criterios fijados por la Defensoría está la necesidad de que los resultados generados por estas herramientas puedan ser revisados y rastreados por personal humano. El objetivo, de acuerdo con la entidad, es evitar que una respuesta automatizada se convierta en criterio definitivo en asuntos donde están en juego libertades, garantías procesales o datos sensibles.
En la presentación del documento, la vicedefensora Paula Cristina Aponte afirmó que la iniciativa responde a una realidad que ya incide en el ejercicio del derecho y en el fortalecimiento institucional, y la enmarcó en el compromiso de la entidad con la transformación digital.
La Defensoría sostuvo que la inteligencia artificial puede analizar y organizar grandes volúmenes de información, pero no reemplaza la comprensión de la dignidad humana ni la responsabilidad que implica una decisión jurídica. Con esta guía, la entidad busca incorporar estas herramientas de manera ética, segura y responsable en el sistema de justicia.
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