Julieta Lemaitre y el llamado a rectificar ataques
Julieta Lemaitre recibió el respaldo de la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento divulgado en Bogotá el 24 de octubre de 2026, en el que la entidad rechazó la campaña de desprestigio y desinformación contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidió a los congresistas involucrados rectificar afirmaciones falsas o sin sustento.
Según el documento, entre los mensajes que alimentaron la controversia figuran pronunciamientos de la senadora María Clara Posada y del senador Germán Rodríguez, señalados por difundir fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía de la magistrada con exintegrantes de las FARC-EP. La Defensoría sostuvo que ese tipo de publicaciones traslada la discusión del plano jurídico al personal e incluye expresiones de violencia de género.
La entidad agregó que, de acuerdo con la JEP, el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos secuestro, asesinato, tortura, violencia sexual y desaparición forzada. También afirmó que las investigaciones dirigidas por la magistrada en el Caso 01 contribuyeron a condenas del Tribunal para la Paz contra antiguos miembros del Secretariado por secuestros y otros delitos cometidos durante el cautiverio.
En su pronunciamiento, la Defensoría advirtió que desacreditar personalmente a una jueza por las decisiones que adopta afecta la confianza en la justicia y puede comprometer la autonomía judicial. También pidió que el debate sobre el balance y las posibles reformas a la JEP, en el contexto de los diez años del Acuerdo Final de Paz, se haga con información verificable y sin estigmatización.
Como parte de ese balance, la entidad citó cifras atribuidas a la JEP: 11 macrocasos abiertos, 432 imputaciones que involucran a 367 máximos responsables y 15.753 víctimas individuales, además de 439 víctimas colectivas acreditadas hasta septiembre de 2026. La Defensoría señaló que la jurisdicción puede ser cuestionada por vías legales y constitucionales, pero sostuvo que ese control no justifica ataques personales contra quienes administran justicia.
Fuente: Defensoría del Pueblo.
