Con la aprobación de las vigencias futuras por $675.000 millones para el proyecto de la Cárcel Metropolitana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dejará financiado este importante proyecto para la ciudad que permitirá que los sindicados por delitos tengan mayor dignidad en los centros de reclusión donde hoy hay un trato inhumano, indigno, con espacios carentes de salubridad, además se disminuirá de manera drástica y contundente el nivel de hacinamiento.
Serán más de 1.330 sindicados, hombres y mujeres, los que encontrarán en este espacio trato de calidad.
“Uno a veces ve las cárceles de Bukele y la gente dice que mire cómo tratan los presos allá. ¿Quieren ver presos maltratados? vayan a las estaciones de policía de Medellín. Entonces con esto logramos un doble efecto: dignidad pero también capacidad, porque la capacidad en la ciudad está copada. Estamos en más del 270 % de hacinamiento, y eso quiere decir que necesitamos cárceles”, resaltó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
La cárcel estará ubicada en el corregimiento de San Cristóbal y se espera que su construcción inicie en 2024, cuando se terminen sus diseños, y se extenderá hasta 2026. Se realizará sobre un lote de 30 hectáreas con 4.000 metros cuadrados de estructura de calidad, con seis pabellones que incluirán también celdas UTE (Unidad de tratamiento especial), internos con movilidad reducida, género, condenados transitorios y visita íntima. Tendrá también edificio de justicia, Salud, Transición y espera, Administración, Guardia externa, Atención integral, Caniles, Guardia interna y espacios recreativos.
“Vamos a tener en este espacio seis torres de vigilancia, tecnología de última generación, vamos a poder ver los movimientos permanentes, además con inteligencia artificial, de todos los presos. Va a ser la cárcel más segura del país, el modelo más importante de seguridad en sindicados del país”,
Con esta iniciativa de la Administración de la Medellín Futuro, se cumple con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que obliga a los epicentros metropolitanos a tener un reclusorio de estas características para cumplir con la ley vigente.
