Rescate económico y riesgo para la Ley 30
Rescate económico: investigadores de la Universidad de Antioquia advirtieron que el proyecto de ley radicado por el Gobierno, y que se tramita con mensaje de urgencia para empezar a regir en 2027, encarecería la carga tributaria de los docentes y permitiría aplazar o reducir transferencias para las universidades públicas. Según ese análisis, el efecto alcanzaría tanto los ingresos de profesores de planta, ocasionales y de cátedra como la financiación derivada de la Ley 30 y de la política de gratuidad.
De acuerdo con la UdeA, uno de los cambios de mayor impacto sería la eliminación de la exención de renta sobre los gastos de representación, beneficio que hoy cobija al 50 % del salario de rectores y docentes de planta. A eso se sumarían nuevos tramos de renta, una reducción del umbral para retención en la fuente —de 95 a 65 UVT— y mayores descuentos en salud para trabajadores de universidades con regímenes especiales, como el Programa de Salud de la UdeA.
Según una simulación citada por el investigador Guberney Muñetón Santa, un profesor podría asumir un costo equivalente a entre 0,4 y 1,7 meses de salario al año al sumar renta y salud. En un caso de salario mensual de $15 millones, la carga adicional sería de unos $25,6 millones anuales; con $10 millones, el costo sería de $10,8 millones al año. Para el jefe del Departamento de Economía de la UdeA, Ramón Javier Mesa Callejas, el proyecto desplaza parte del ajuste fiscal hacia trabajadores de ingresos medios mediante impuestos al consumo y a la renta.
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En salud, la reforma mantendría en 1,5 % el aporte patronal a la subcuenta de solidaridad, pero aumentaría el descuento al trabajador: quienes ganen entre 2 y 3 salarios mínimos pasarían a aportar 3 % y quienes superen los 3 salarios mínimos, 4 %. La docente Sandra Patricia Duque Quintero sostuvo que ese mayor descuento no implica por sí mismo una mejora del servicio universitario de salud y reduce el ingreso disponible de profesores y administrativos.
El riesgo sobre transferencias y gratuidad
Más allá del impacto individual, los investigadores de la UdeA señalaron que el mayor riesgo institucional está en el artículo 2 del proyecto, que faculta al Ministerio de Hacienda para aplazar o reducir transferencias sin rango constitucional. Según esa lectura, quedarían expuestos los aportes previstos en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y los recursos de la gratuidad, con posibles efectos sobre funcionamiento, infraestructura, bienestar y calidad de la educación superior pública.
El proyecto deberá debatirse en el Congreso durante este año, en sesiones ordinarias o extraordinarias si son convocadas, y la intención del Gobierno es que empiece a aplicarse desde 2027. Si avanza sin cambios, el ajuste afectaría simultáneamente el ingreso de los docentes y el flujo de recursos para las instituciones públicas de educación superior.
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Fuente: UdeA – sitio web.
