En un giro significativo hacia un enfoque más comprensivo y centrado en los derechos humanos en la política antidrogas, el presidente Gustavo Petro ha derogado el decreto del Código de Policía que anteriormente prohibía la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas. La derogación, establecida mediante el Decreto 2114 de 2023, deja sin efecto la norma 1844 de 2018 que otorgaba a la Policía facultades para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos.
Esta nueva medida, según lo argumenta el decreto, busca avanzar hacia «un nuevo paradigma contra las drogas», fundamentándose en la «armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas y de los derechos fundamentales y de los derechos humanos».
El decreto también destaca que estas acciones están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 impulsado por el Gobierno de Petro. Dentro de este plan, se ha establecido la nueva Política Nacional de Drogas, que se centra en el cuidado de la vida, la transformación territorial, la protección ambiental y la salud pública, la prevención del consumo, la reducción de riesgos y daños, y la generación de una regulación justa.
En sintonía con estos objetivos, la derogación del anterior decreto tiene como propósito evitar la criminalización de las personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas, que aún no han sido detalladas por el Gobierno. Paralelamente, se busca orientar los esfuerzos y la capacidad institucional hacia la contrarrestación y el ataque a la oferta de sustancias psicoactivas, así como a las estructuras de crimen organizado como un fenómeno transnacional.
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Es importante subrayar que este decreto no afecta el aspecto penal de la lucha contra las drogas. No obstante, revoca una disposición que el Consejo de Estado había declarado inaplicable en relación con las facultades de la Policía para decomisar sustancias de los consumidores, incluyendo la dosis mínima, respaldada previamente por la Corte Constitucional en la C-221 de 1994.
La policía conserva todas las facultades para perseguir y combatir el narcotráfico y el microtráfico. Es crucial aclarar que la derogación no implica la legalización o permisividad de la comercialización de drogas. Este cambio responde a una petición de la sociedad civil y se enmarca en un nuevo enfoque de política de drogas que el gobierno está implementando, reconociendo la necesidad de reformas ante los desafíos y las limitaciones de la guerra contra las drogas.
