El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que nunca autorizó la suspensión de órdenes de captura contra varios cabecillas del Clan del Golfo y afirmó que tampoco dio luz verde a la inclusión de extraditables dentro del proceso de concentración planteado en el sur de Córdoba.
La declaración del mandatario surge en medio del nuevo pulso institucional entre la Fiscalía General y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, luego de que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo rechazara la solicitud para suspender las órdenes de captura de 29 líderes de la estructura criminal, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias “Chiquito Malo”, requerido además por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.
A través de su cuenta en X, Petro dejó claro que no ha firmado ninguna decisión relacionada con la suspensión de la extradición de alias “Chiquito Malo” y sostuvo que tampoco aprobó la lista inicial de 400 integrantes del llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) que serían trasladados a una zona de concentración como parte de un eventual sometimiento a la justicia.
“El presidente no fue consultado sobre esa decisión”, enfatizó el jefe de Estado, al tiempo que aclaró que, aunque el comisionado de paz elaboró una lista de jefes criminales —incluyendo algunos con procesos de extradición—, esa determinación no contó con su autorización directa.
Petro insistió en que ha mantenido una posición clara frente a las primeras etapas de los acercamientos con grupos armados: los extraditables no deben participar inicialmente en los procesos de paz o sometimiento.
El mandatario también recordó que, según la legislación colombiana, únicamente el presidente puede ordenar la política de paz y definir las condiciones de las zonas de concentración. Añadió que solo cuando exista un avance real y verificable en un proceso de paz podría contemplarse la suspensión de órdenes de extradición.
“Solo el cumplimiento de compromisos relacionados con el desmantelamiento de economías ilícitas y el respeto a la población civil permitirá determinar si el proceso avanza”, señaló.
Nuevo choque entre Fiscalía y Comisionado de Paz
La controversia profundizó las diferencias entre la Fiscalía y la oficina encabezada por Otty Patiño.
Mientras la Fiscalía argumentó que no es posible suspender órdenes de captura sin verificar plenamente la identidad de los integrantes, su pertenencia al grupo armado y eventuales compromisos de desarme, el comisionado defendió que dicha suspensión estaría respaldada directamente por la ley y no dependería de interpretaciones discrecionales del ente acusador.
Patiño también sostuvo que la determinación sobre cuándo un proceso entra en “estado avanzado” y la eventual creación de Zonas de Ubicación Temporal corresponde exclusivamente al presidente de la República.
El episodio vuelve a evidenciar tensiones dentro de la estrategia de “paz total” del Gobierno Petro, especialmente en relación con los límites jurídicos para negociar o facilitar sometimientos de organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico.
