Fracaso de las políticas de seguridad: El pasado 11 de diciembre, el portal de noticias Análisis Urbano reportó un hecho que ha dejado consternada a la comunidad de San Carlos, Antioquia: el hallazgo del cuerpo sin vida de Brahian Giraldo en el sector rural de «Popo», en las afueras del municipio. Este crimen, el sexto homicidio en la localidad en lo que va del año, es solo una muestra más de la inseguridad que sigue afectando a esta subregión del Oriente de Antioquia. El asesinato de Giraldo refleja una crisis de seguridad que no solo se limita a San Carlos, sino que se extiende por todo el departamento, evidenciando las graves falencias en las políticas públicas implementadas por el gobernador de Antioquia.
Lea también: Capturan a cabecilla del «Tren de Aragua» buscado en chile
San Carlos, a pesar de haber registrado una leve disminución en el número de homicidios en comparación con 2023 (un 12,5 % menos), sigue siendo un territorio vulnerable. La noticia del asesinato de Brahian Giraldo ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos, quienes han exigido una mayor transparencia en las investigaciones y una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales y departamentales. A través de las redes sociales, la comunidad ha manifestado su desconfianza en el manejo de la información sobre el caso, asegurando que la retención de datos solo aumenta la sensación de inseguridad y desconfianza en las instituciones.
Este asesinato se suma a las más de 200 muertes violentas que se han registrado en la subregión Oriente de Antioquia en lo que va del año. Aunque la cifra es alarmante, la comunidad sigue sin ver avances sustanciales en la lucha contra la criminalidad, mientras que las autoridades parecen no reaccionar de manera efectiva. Lo que agrava aún más la situación es que, mientras el gobernador de Antioquia celebra una leve disminución en los homicidios en algunas regiones del departamento, las áreas rurales, como el Oriente, siguen siendo dominadas por grupos armados ilegales que disputan el control de territorios clave para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Fracaso de las políticas de seguridad
El informe publicado el 8 de diciembre por la ONG Corpades y la agencia de prensa Análisis Urbano sobre la situación de los homicidios en Antioquia refleja un panorama desolador. El informe señala que subregiones como el Bajo Cauca, el Norte y el Suroeste siguen siendo las más afectadas por la violencia, con un aumento de los homicidios y masacres, y una constante disputa entre grupos armados ilegales por el control de los recursos naturales y las rutas del narcotráfico. La falta de una estrategia integral para hacerle frente a estos grupos y su capacidad de controlar vastas zonas del departamento es uno de los principales puntos débiles de la administración del gobernador.
De interés: Más de mil millones de pesos en dólares falsos incautados en Antioquia
A pesar de las cifras que parecen indicar una disminución general en los homicidios en Antioquia (una reducción del 4,5 % en comparación con 2023), la realidad sobre el terreno es mucho más compleja. En regiones como el Bajo Cauca, se ha registrado un aumento del 65 % en los homicidios, lo que refleja un creciente conflicto territorial entre organizaciones criminales como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN y las disidencias de las FARC. Estos grupos no solo están relacionados con el narcotráfico, sino también con la minería ilegal, lo que ha generado un caldo de cultivo perfecto para la violencia.
Por otro lado, el Nordeste antioqueño y el Norte también han registrado aumentos significativos en los homicidios, con incrementos del 27,7 % y 16 %, respectivamente. La violencia en estas zonas se debe principalmente a la lucha por el control de territorios estratégicos y la disputa por las rutas del narcotráfico, lo que ha exacerbado la inseguridad en esas regiones. Mientras tanto, otras zonas como el Valle de Aburrá, que concentra cerca del 70 % de los homicidios del departamento, ha mostrado una leve reducción en los asesinatos (15,9 % menos en comparación con 2023).
El informe también destaca que, a pesar de los esfuerzos del gobierno departamental para reducir los homicidios, aún persisten grandes desafíos. Los avances en la reducción de los homicidios en algunas regiones como el Urabá, donde se ha registrado una disminución del 47,8 % en comparación con el año pasado, no son suficientes para mitigar la violencia generalizada que afecta a otras subregiones. El caso de San Carlos es un claro ejemplo de esta descoordinación y falta de respuestas contundentes frente a la violencia rural.
El gobernador de Antioquia, lejos de hacer frente a estos desafíos con políticas efectivas y una gestión estratégica en las zonas más afectadas, parece estar más enfocado en mostrar cifras optimistas que no corresponden con la realidad que viven los habitantes de los municipios más golpeados por la violencia. Las comunidades, cada vez más desconfiadas, claman por respuestas claras y por un manejo transparente de los casos de homicidios y violencia.
Es imperativo que el gobierno departamental asuma su responsabilidad frente a la crisis de seguridad en Antioquia y, en particular, en las subregiones rurales donde la violencia se ha desbordado. La falta de control sobre las organizaciones criminales y el crecimiento de la violencia solo reflejan la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si el gobernador no toma decisiones urgentes y efectivas, el costo humano seguirá aumentando, y la sensación de impunidad solo alimentará la desconfianza en las instituciones encargadas de proteger a la población.
Agradecimiento a la agencia de prensa Análisis Urbano