La entidad judicial dio seis meses de plazo a la ANT y al Ministerio de Interior para finalizar el reconocimiento de las comunidades indígenas La Sardina de la etnia zenú, ubicada en el municipio del Bajo Cauca.
“Estos ciudadanos de El Bagre llevan más de tres años esperando a que el Gobierno los reconozca como resguardo indígena, ese proceso debería durar entre 12 a 13 meses”, expresó la Corte Constitucional.
Las demoras en el proceso, según la Corte, han sido injustificadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior y ese reconocimiento no se ha efectuado y pone en riesgo la desaparición de este grupo como miembros indígenas.
Desde 2016 comenzaron los procesos de constitución o trámites del reconocimiento y la Corte Constitucional falló una tutela a su favor y dio un plazo de seis meses a las entidades nacionales para que finalicen este reconocimiento.
“Sobrepasar los 12 o 13 meses en ese tipo de tramites termina generando un alto nivel de vulnerabilidad que amenaza la existencia física y cultural de esas comunidades”, expresó el tribunal.
Corte Constitucional da un ultimátum al Gobierno
Además, el magistrado José Fernando Reyes de la Corte Constitucional añadió: “Con esas demoras injustificadas, se están violando los derechos al territorio, la propiedad colectiva, la constitución de resguardos y el debido proceso y la dignidad humana”.
Según la Corte, la importancia de que se constituya un resguardo indígena radica en el valor esencial de sus culturas, tradiciones, valores espirituales y sus orígenes.
“Estableciendo una relación directa con su territorio, buscando conformar una institución legal y ser titulares de una personería jurídica, para así lograr que a la comunidad indígena se le confiera el estatus para adquirir derechos y exigir su cumplimiento y garantía frente al Estado”, señaló la entidad judicial.
Finalmente, la Procuraduría cuestionó la lentitud de las autoridades del Gobierno en esos procesos. Según esta existe un déficit en el reconocimiento y efectividad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia.
“Debido a las demoras irrazonables de años y en ocasiones décadas, y a la falta de coordinación interinstitucional para la constitución legal y efectiva de sus resguardos”, reportó la Procuraduría.
