El primer balance del gobierno de Abelardo De La Espriella muestra un patrón: donde falta gestión aparece la exhibición de fuerza, y esa exhibición va corriendo, poco a poco, los límites del Estado de derecho.
Quiero ir un paso más allá. Lo que dejan estos cien días no es solo ineficacia. Es un modelo, en el que la falta de gestión se compensa con exhibición de fuerza y en el que esa exhibición va desplazando, sin mucho ruido, los contrapesos que protegen a la ciudadanía. Y en ese modelo el componente de seguridad, bandera de campaña y razón de ser del proyecto, es justamente donde peor le va al gobierno.
Cien días no bastan para juzgar un gobierno, pero sí para entender cómo gobierna. Y en el caso del presidente Abelardo De La Espriella eso ya está claro: se gobierna desde la cámara, el trino y el batallón, y muy poco desde la planeación, la ejecución y el territorio. El informe que la Fundación Paz & Reconciliación (PARES) acaba de publicar sobre sus primeros cien días lo resume así:
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El presidente prometió un «plan de choque» de 90 días para recuperar el control territorial. Lo que hemos visto es al mandatario acompañando operativos en persona, interpelando a los capturados ante las cámaras y convirtiendo el trabajo de la Fuerza Pública en contenido para redes. Las cifras oficiales, sin embargo, cuentan otra cosa.
Según los datos del SIEDCO de la Policía que analiza PARES, las capturas de agosto y septiembre estuvieron 7,7 % y 12,9 % por debajo del promedio de enero a julio. Las incautaciones de cocaína, base de coca y marihuana cayeron 16,4 % en agosto y 54,5 % en septiembre frente a ese mismo promedio. En septiembre, solo las de cocaína bajaron 58,1 % y las de marihuana 70,4 %. La destrucción de laboratorios y centros de acopio fue 15,8 % menor que en el mismo periodo de 2022. Mientras tanto, PARES registró 111 acciones armadas entre el 7 de agosto y el 31 de octubre, sobre todo ataques con drones contra la Fuerza Pública y combates. En agosto hubo 106 policías y militares heridos o asesinados, el tercer pico mensual más alto desde 2022.
En resumen, hubo menos capturas, muchas menos incautaciones y menos laboratorios destruidos, y a la vez más ataques. Hay que reconocer, como lo hace el propio informe, que algunas caídas siguen patrones estacionales y que el gobierno anterior tuvo un arranque parecido. Pero eso no le resta peso al argumento: quien prometió una ruptura total con el pasado muestra la misma curva de siempre, solo que con más propaganda.
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Los «megaoperativos» urbanos tienen nombre de película (Perla, Kratos, Iron, Némesis y otros en Medellín e Ibagué), pero lo que capturan son sobre todo los eslabones más bajos: expendedores de narcomenudeo, cobradores de extorsión, ladrones y extranjeros, principalmente venezolanos, a quienes además se expulsa. Las incautaciones son marginales frente al tamaño de los mercados ilegales de Bogotá, Medellín o Cali. No hay evidencia de golpes a cabecillas que desestabilicen las estructuras. Se persigue lo que se puede fotografiar, no lo que sostiene el negocio.
Para Antioquia el dato es serio. El departamento está entre los focos de la violencia armada de estos cien días, y aquí lo que predomina son los combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados. Aun así, en septiembre, cuando la estrategia debía estar ya consolidada, las capturas en Antioquia bajaron frente al promedio del año. Donde subieron fue en Amazonas, Guainía, Vaupés, Putumayo y Casanare. Allí donde está el conflicto, la estrategia no muestra más resultados.El gobierno, además, ha desmontado el componente preventivo de la seguridad. Eliminó la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y suspendió Jóvenes en Paz. La nueva Ley de Sometimiento cierra cualquier canal de negociación y apuesta todo al desarme individual. Desconoce, como advierte la Fundación Ideas para la Paz, que los grupos armados ya no son pirámides jerárquicas sino redes descentralizadas, con alianzas flexibles, subcontratación e inserción en las economías locales. Sin desmontar corredores, rentas y redes de apoyo, el sometimiento puede quedarse en un trámite.
A eso se suma el Decreto 1368, que flexibiliza el porte de armas en un país donde circulan más de cinco millones de armas y apenas entre 700.000 y 900.000 tienen registro legal. Medicina Legal ha documentado que la mayoría de los homicidios con arma de fuego vienen de riñas e intolerancia y no del crimen organizado. Pasarle al ciudadano la tarea de protegerse es admitir que el Estado renuncia a hacerlo.
Lo que no aparece por ningún lado es una política de seguridad humana: la vida, la movilidad y el sustento de las comunidades confinadas y desplazadas que la Defensoría del Pueblo ha señalado en sus alertas tempranas sobre Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Putumayo, Bolívar, Atlántico y Amazonas. La mano dura sin presencia integral del Estado (salud, escuela, vías, justicia, alternativas económicas) termina en lo que el informe describe: confrontación directa que exacerba la violencia en los territorios focalizados y deja a soldados y policías expuestos, con necesidades técnicas y operativas que no se atienden.
Por último está la contradicción de la soberanía. El discurso la invoca a cada paso, pero en la práctica se cede. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas en su territorio. Llegaron 300 soldados estadounidenses para entrenamientos y el contenido del acuerdo bilateral no se conoce. La Constitución le da al Senado, no al presidente, la facultad de autorizar el tránsito de tropas extranjeras. Ese pronunciamiento no existe.
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Un Estado que aún no llega en los cien días
La seguridad es la cara más visible de un problema más amplio: la falta de atención integral a una sociedad con necesidades urgentes.
- Presupuesto: el presupuesto de 2027 terminó expedido por decreto. Frente a lo que había aprobado el Congreso, la inversión bajó de 94,6 a 88,14 billones y el servicio de la deuda subió de 147 a 155,43 billones. Es decir, se gasta menos en la gente y más en los acreedores.
- Salud: el plan de choque prometía 10 billones de pesos en 90 días. Al día 90 tenía 500.000 millones, el 5 %. La solicitud de la ministra para incluir 14 billones adicionales en el presupuesto fue negada por el Congreso y por el propio Ministerio de Hacienda.
- Bolsillo: la Ley de Rescate Fiscal lleva el IVA al 19 % en productos de la canasta familiar, en contra de la promesa de «no subir impuestos».
- Cultura y población vulnerable: la cartera cultural pierde 29,5 % de su presupuesto, se suspendieron los estímulos que afectaron 1.308 propuestas ya en curso y se inició la liquidación del Ministerio de Igualdad. Nadie ha explicado cómo se garantizará la atención a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+ y jóvenes vulnerables.
Terremoto del 10 de agosto: según medios locales, las ayudas no han llegado a todas las víctimas y algunas llegaron tarde.
La ausencia de gestión en estos cien días
Gobernar es ejecutar, y aquí los números también son malos. A cien días, el 18 % de los cargos sigue en interinidad. La lista de «desnombrados» parece una comedia: una vocera que salió antes de posesionarse, un director del DNP que duró dos días, uno de Colpensiones que duró tres después de una audiencia en la que mostró no conocer la entidad, y un director del DANE que salió a los 26 días por decir que no encontraba anomalías en los datos del gobierno anterior. Cuando decir la verdad estadística se vuelve causal de salida, el problema ya no es de gestión sino de método.
Con una coalición que en el papel supera el 60 % de ambas cámaras, el gobierno perdió la presidencia del Senado, no pudo poner contralor y dejó hundir el presupuesto por un error de trámite. La salida del ministro del Interior Rodrigo Lara y de todo el equipo legislativo de Hacienda fue la consecuencia. Su única victoria legislativa es la Ley de Sometimiento, y esa la empujó el Centro Democrático. El «Bloque de búsqueda anticorrupción» lleva 75 días sin un caso significativo. La modernización digital del Estado, una de las propuestas de campaña con mejor acogida, ni siquiera figura entre las prioridades. Los compromisos de varios billones que los grandes empresarios anunciaron en el Chocó no tienen reporte de avance.
El criterio para escoger funcionarios ha sido la lealtad y no la capacidad. Un amigo del presidente en Ecopetrol. Su exesposa en la Superintendencia de Notariado. Un abogado de su firma en la Secretaría Jurídica. Una prima de la primera dama en el Banco Agrario. La hija de un socio como viceministra. El estratega de campaña, Carlos Suárez, que prometió no ocupar cargos, preside la junta de Ecopetrol y mueve los hilos del gabinete. A eso se suman los clanes que el presidente decía combatir: los Char, los Araujo, los Gnecco, los García Turbay. Antioquia tampoco es ajena a este reparto: el acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez le entregó a Creemos los ministerios del Deporte y del Trabajo.
El autoritarismo como práctica en los cien días de gobierno
No hace falta ponerle etiquetas al presidente. Basta con mirar lo que hace y comprobar que se repite:
Concentración de facultades. En cien días ha buscado facultades extraordinarias en al menos tres proyectos: la ley de sometimiento, la ley de rescate fiscal y el estatuto antiterrorista.
Castigo sin juez. El borrador del Estatuto Antiterrorista crea un Registro Nacional de Grupos Terroristas en el que el Consejo de Seguridad Nacional, es decir el Ejecutivo, decide por vía administrativa y sin juicio quién es «terrorista» o «colaborador», con sanciones financieras y patrimoniales. Incluye los «aportes intelectuales» como causal. La Corte Suprema ya advirtió choques constitucionales. En regiones como las nuestras, donde comunidades enteras conviven a la fuerza con grupos armados, esa definición difusa pone en riesgo a campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.
Protesta bajo sospecha. El Decreto 1525 permite a la Fuerza Pública intervenir sin agotar el diálogo, le da amplia discrecionalidad al PMU y no prevé controles externos. Además regula por decreto un derecho fundamental que, según la sentencia C-223 de 2017, solo puede tocarse mediante ley estatutaria.
Prensa clasificada. El presidente no da ruedas de prensa ni entrevistas, divide a los periodistas entre «amigos» y «activistas», y obliga a ministerios y viceministerios a pedir permiso a la Casa de Nariño para hablar con los medios.
Memoria intervenida. Por directriz presidencial se retiraron 63 obras del Museo Nacional, 22 de ellas patrimoniales. Un juez ordenó restituirlas en 48 horas.
Presión sobre la sociedad civil organizada. El gobierno chocó con el gremio ganadero y el presidente de la ANDI salió en medio de un enfrentamiento con la Casa de Nariño. Funcionarios denuncian hostigamiento para que renuncien o entreguen sus contratos.
Instituciones paralelas. El Bloque anticorrupción depende directamente del Despacho Presidencial y articula inteligencia, UIAF y DIAN. El Fondo Milagro tiene cinco de sus siete consejeros nombrados por el presidente. Las operaciones militares con Estados Unidos se anunciaron sin pasar por el Senado.
Ninguna de estas decisiones, por sí sola, hace un régimen autoritario. Juntas muestran una manera de gobernar en la que los contrapesos se ven como estorbos y la deliberación como debilidad. Hannah Arendt lo explicó hace más de medio siglo en Sobre la violencia: el poder nace de la capacidad de actuar en concierto, y donde ese poder se pierde, la violencia aparece como sustituto. Un gobierno que no logra ponerse de acuerdo ni con su propia coalición, que despide a quien contradice y que cambia acuerdos por videos, termina reemplazando el poder por la fuerza y la política por el espectáculo.
Lo que Antioquia debe exigir
Antioquia conoce como pocas regiones el costo de las políticas de seguridad que se miden en partes de guerra y no en vidas protegidas. Por eso le corresponde exigir con más rigor. Una política de seguridad debe evaluarse con indicadores de resultado en los territorios (homicidios, desplazamiento, confinamiento, extorsión, control efectivo de las rentas ilegales) y no con cifras de operativos ni con transmisiones en vivo. Debe ir acompañada de una presencia integral del Estado que llegue con algo más que uniformes. Debe ser transparente, empezando por el acuerdo militar con Estados Unidos y el Fondo Milagro. Y debe respetar los límites que la Constitución le pone al poder del presidente.
Cien días son apenas el 7 % del mandato. Todavía hay tiempo para corregir. Pero corregir exige primero aceptar que la mano dura sin Estado no protege a nadie: solo deja a los territorios igual de expuestos, ahora con más cámaras grabando.
