Armenia se preocupa por su población víctima. A través de la página oficial de la alcaldía, la administración compartió un protocolo para atender a todas las víctimas, esto con el objetivo de brindar apoyo, soporte y atención hacia este tipo de población que habita en el municipio. Además de esta medida, también han publicado los esquemas de los diferentes canales de atención que la gente puede hacer a para la Unidad para las Victimas, los cuales van desde llamadas a la Línea gratuita nacional hasta escribir un correo.
Cabe recordar que este municipio del occidente antioqueño ha sido uno que más atención ha prestado a las victimas. En el año 2018, se realizó una caracterización para conocer las necesidades de las mismas y brindar soluciones.
Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, explicó que “es necesario actualizar el censo y la información para definir los proyectos para garantizar la inclusión social, además de gestionar con el Gobierno Nacional y el departamentales los planes que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad de esta población”.
Según el Registro Único de Víctimas, en este municipio antioqueño 335 personas declararon hechos victimizantes, siendo el desplazamiento forzado el de mayor afectación con el 57% de los casos, seguido por homicidios y amenazas.
Cifras en Antioquia
En Antioquia, este proceso ha logrado la caracterización de cerca de 187.772 víctimas pertenecientes a 53.603 hogares en 118 municipios.
La idea de la caracterización es la creación de las políticas de atención y reparación, las cuales benefician a más de 100 mil hogares conformados por más de 500 mil personas que fueron víctimas directas o indirectas del conflicto armado.
Desde el año 2014, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas apoya y asesora a los municipios colombianos para poder que tengan el goce efectivo de sus derechos y así mejorar su inclusión social y las políticas públicas a favor de la reparación.
La información resultante también sirve como insumo para los planes de acción territorial locales, que se consideran el plan de desarrollo diseñado con la participación efectiva de las víctimas para garantizar sus derechos e inclusión social, cuya implementación es una obligación legal por parte de las alcaldías municipales.
