Una semilla guardada en un tarro, al fondo de una cocina campesina de cualquier municipio agrícola de Colombia, no es un insumo. Es la memoria de cientos de cosechas, el saber de una abuela que eligió la mazorca más sana, el pacto silencioso entre una familia y su tierra. Es, literalmente, la continuidad de un modo de vida. Por eso conviene decirlo sin rodeos: cuando el Estado colombiano insiste en que solo es legítima la semilla certificada, comprada y etiquetada, no está regulando un mercado. Está decidiendo quién tiene derecho a seguir siendo campesino.
Este año el ICA y el gremio semillero, Acosemillas, volvieron a la carga. Para las siembras de 2026 en arroz, maíz, algodón y sorgo anunciaron controles más estrictos y una campaña por la «semilla legal», amparados en la Resolución 15141 de 2024, que fija requisitos obligatorios para comprar y comercializar semillas. El adjetivo lo dice todo: si existe una semilla legal, existe una semilla ilegal. Y la ilegal, por supuesto, es la nuestra.
La retórica es amable. Nos hablan de productividad, de rendimientos de hasta 40 % más por hectárea, de «optimizar el esfuerzo de las familias campesinas». Pero detrás de la sonrisa institucional hay una amenaza: quien no compre lo autorizado queda expuesto al decomiso, a la multa, a la sospecha. Al campesino no se le invita; se le disciplina y en este gobierno se le EXCLUYE.
Cercamiento por resolución
Nada de esto es nuevo. En 2006 la Ley 1032 reformó el artículo 306 del Código Penal para castigar con cárcel la usurpación de los derechos de obtentor vegetal. En 2010, en el ocaso del gobierno Uribe y al calor del TLC con Estados Unidos, el ICA expidió la Resolución 970: la semilla válida era la certificada y registrada, y al agricultor apenas se le toleraba sembrar unas pocas hectáreas con semilla de su propia cosecha, previo permiso. En nombre de esa norma se destruyeron toneladas de arroz campesino en el Huila, una escena que el documental 9.70 puso frente a los ojos del país y que ayudó a encender el paro agrario de 2013.
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El gobierno de entonces prometió «congelar» la 970. En 2015 la reemplazó por la Resolución 3168, y en 2024 esta fue sustituida por la 15141. Cambian los números, cambia la redacción, se suavizan los verbos; la lógica permanece intacta. Es la misma lógica que llevó al Congreso a aprobar en 2012 la adhesión al convenio UPOV 91, que la Corte Constitucional tumbó (Sentencia C-1051 de 2012) porque nadie se tomó la molestia de consultar a los pueblos indígenas y afro cuyas semillas estaban en juego.
Marx llamó «acumulación originaria» al proceso por el cual las tierras comunales inglesas fueron cercadas y los campesinos convertidos en desposeídos. Lo que vemos en Colombia es un cercamiento de segunda generación: ya no se alambra el potrero, se alambra el genoma. Lo que durante diez mil años fue patrimonio común de la humanidad, fruto de la selección paciente de millones de agricultores anónimos, se convierte por vía administrativa en propiedad de unos pocos.
Monsanto, o el sueño de ser dueño de la vida
Detrás de cada resolución hay un modelo, y ese modelo tiene nombre. Monsanto, absorbida por Bayer en 2018, encarnó como ninguna otra empresa la ambición de convertir la vida en propiedad privada. Patentó semillas transgénicas y las vendió atadas a su propio herbicida, el glifosato, de modo que el agricultor quedara cautivo dos veces: compra la semilla y compra el veneno que esa semilla tolera. Persiguió en los tribunales a agricultores como el canadiense Percy Schmeiser, en cuyos campos aparecieron plantas con su gen patentado. Y su sucesora ha tenido que destinar miles de millones de dólares a cerrar demandas de personas que atribuyen su cáncer al Roundup.
Colombia conoce bien ese glifosato: lo roció durante décadas desde avionetas sobre veredas enteras, hasta que en 2015 la propia Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probablemente cancerígeno y el país suspendió las aspersiones. La misma industria que envenenó nuestros campos pretende ahora enseñarle al campesino qué debe sembrar.
El sueño final de este modelo quedó retratado en la llamada tecnología «Terminator»: semillas diseñadas para producir granos estériles, que obligan a comprar de nuevo en cada siembra. La presión pública obligó a la industria a prometer que no la comercializaría. Pero lo que la biotecnología no logró por la fuerza del laboratorio, la regulación lo persigue por la fuerza de la ley: una semilla que el campesino no puede volver a sembrar sin pedir permiso es, en la práctica, una semilla estéril.
Generación de alimentos por parte de campensinos colombianos bajo la selección de sus propias semillas
La falsa seguridad alimentaria
El argumento estrella es la seguridad alimentaria. Conviene desmontarlo. La seguridad alimentaria, en la jerga de los organismos multilaterales, pregunta si hay comida disponible; no pregunta quién la produce, con qué semillas, bajo qué dependencias ni a quién le paga regalías. Un país puede estar «seguro» mientras importa su maíz y compra cada ciclo sus semillas a tres corporaciones. Eso no es seguridad: es dependencia con buena prensa. Lo que los movimientos campesinos reclaman desde hace décadas es otra cosa, la soberanía alimentaria: el derecho de los pueblos a decidir qué siembran, cómo lo siembran y para quién.
Foucault enseñó que el poder moderno no solo prohíbe: administra la vida, la clasifica, la normaliza. Ese biopoder es exactamente lo que opera aquí. La certificación no se limita a medir la germinación de un lote; traza la frontera entre lo normal y lo anómalo, entre el agricultor «tecnificado» y el campesino «atrasado» que hay que corregir. Y Bourdieu nos recordaría que el poder más eficaz del Estado es el de nombrar: llamar «ilegal» a la semilla criolla es un acto de violencia simbólica que convierte un saber milenario en una infracción y logra que el propio campesino llegue a avergonzarse de su tarro de semillas.
Karl Polanyi advirtió que la tierra, el trabajo y el dinero son «mercancías ficticias»: no fueron producidos para venderse, y tratarlos como si lo fueran destruye el tejido social que los sostiene. La semilla es la mercancía ficticia por excelencia. Es vida que se reproduce a sí misma, y precisamente por eso el mercado necesita una ley que le impida reproducirse libremente.
Soberanía, no obediencia
Hay una contradicción que el Estado colombiano no puede seguir esquivando. En 2023 un Acto Legislativo reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos consagra en su artículo 19 el derecho a conservar, usar, intercambiar y vender las semillas propias. No se puede proclamar al campesino sujeto de derechos en la Constitución y, al mismo tiempo, tratarlo como infractor en una resolución del ICA.
Arendt escribió que el primer paso hacia la dominación total es destruir en el ser humano su condición de sujeto jurídico. Al campesino colombiano no se le ha despojado solo con fusiles y motosierras; también se le despoja con formularios, registros y etiquetas. Quitarle su semilla es quitarle la autonomía, y sin autonomía el campesino deja de ser campesino para convertirse en cliente cautivo, o en jornalero de su propia tierra.
Por eso no basta con pedir «flexibilidad» en la aplicación de la norma. Lo que corresponde es:
- Excluir explícitamente las semillas nativas y criollas de todo régimen de certificación y sanción.
- Reconocer por ley los sistemas campesinos de semillas, las casas de semillas comunitarias y el libre intercambio.
- Derogar la penalización introducida por la Ley 1032 de 2006 para el uso de semillas por parte de pequeños productores.
- Someter cualquier regulación de semillas a consulta previa y a deliberación con las organizaciones campesinas.
La semilla criolla no necesita certificado. Su certificado son diez mil años de cosechas. Lo que necesita es un Estado que deje de confundir el interés de las corporaciones con el interés nacional, y una sociedad que entienda que defender la semilla campesina es defender la posibilidad misma de comer sin pedirle permiso a nadie.
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Fuentes
• AgroLatam: Colombia endurece controles y apuesta por semillas legales (2026)
• Resolución ICA 15141 de 2024
• La Silla Vacía: la Resolución 970 y el paro agrario
• El Tiempo: ICA, semillas de ira
• Vargas-Chaves y Valencia-Jiménez: el régimen de certificación de semillas en Colombia (2022)
