En la esfera política y mediática, es común observar un fenómeno que podría denominarse como «presunción de culpabilidad mediática». Este concepto se refiere a la tendencia de ciertos sectores de la prensa y los líderes de opinión de difundir rumores, especulaciones o informaciones no verificadas como si fueran hechos irrefutables. En el caso del presidente Gustavo Petro, esta dinámica ha tomado una dimensión particularmente alarmante, transformándose en una herramienta de linchamiento reputacional que socava principios fundamentales del Estado de Derecho.
La criminalización mediática y el linchamiento reputacional a Petro
Cuando los medios construyen narrativas que presentan a una figura pública como culpable antes de un debido proceso, se erosiona el principio jurídico de la presunción de inocencia. Esto no solo genera desinformación, sino que también fortalece la polarización social. La estrategia detrás de estas prácticas es clara: desviar la atención de los debates de fondo y estigmatizar a quien se percibe como un adversario ideológico.
Un ejemplo claro de esta estrategia es la difusión de rumores sobre la supuesta homosexualidad de Petro, un tema que carece de relevancia para su gestión pero que se utiliza como arma homofóbica en su contra. Colombiacheck ha desmentido estas acusaciones, calificándolas como infundadas y desprovistas de evidencia fáctica. Leer más
Acusaciones sin fundamento
Las acusaciones de corrupción también han sido un arma recurrente en los ataques contra el presidente. En el caso de su hijo, Nicolás Petro, la investigación judicial no ha demostrado una vinculación directa del mandatario. Incluso, Petro ha sido enfático en su postura de que «nadie está por encima de la ley». Análisis completo en La Silla Vacía.
Otra de las acusaciones frecuentes se remonta a su gestión como alcalde de Bogotá, donde se le imputaron presuntos sobrecostos en obras públicas. Sin embargo, estas afirmaciones han sido aclaradas en varias oportunidades, destacando que los problemas contractuales correspondían a administraciones anteriores. Respuesta de Petro en El Espectador.
Sensacionalismo y desinformación
El «juicio por medios» también se ha manifestado a través de videos manipulados que buscan pintar a Petro como «drogadicto». Un ejemplo reciente es un clip editado que se hizo viral en 2023, pero que fue desmentido por Colombiacheck. Ver fact-checking.
Recientemente, el exministro Álvaro Leyva lanzó una grave acusación contra el presidente, insinuando que es consumidor de drogas. Estas declaraciones, aunque sin respaldo probatorio, han sido amplificadas por sectores opositores y ciertos medios de comunicación. Este tipo de afirmaciones no solo buscan desacreditar la imagen del mandatario, sino que también perpetúan estigmas sociales relacionados con el consumo de sustancias.
Otro ejemplo de desinformación sensacionalista es el bulo sobre un supuesto cáncer terminal que Petro estaría ocultando. Este rumor, originado en cadenas de WhatsApp, fue desmentido por AFP Factual, que señaló la inexistencia de pruebas al respecto. Desmentido completo.
Adicionalmente, se han registrado intentos de relacionarlo con redes de narcotráfico o incluso con actos ilegales en su juventud. Aunque Petro ha admitido haber consumido marihuana en su juventud, como menciona en su libro «Una vida, muchas vidas», esta confesión ha sido desproporcionadamente usada por sus opositores para atacar su imagen. Fragmento del libro.
Patrón y consecuencias
La guerra sucia contra el presidente Petro no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de cómo se instrumentaliza la desinformación con fines políticos. Frente a esta realidad, es crucial recurrir a fuentes verificadas y medios independientes para obtener un análisis riguroso. Fact-checkers como Colombiacheck y AFP Factual desempeñan un rol fundamental en la lucha contra las fake news.
La oposición basada en rumores infundados y el periodismo sesgado representan una manifestación preocupante de la descomposición social en Colombia. Tal como se intenta destruir moralmente a una figura pública de alta relevancia como el presidente, esta dinámica se replica a nivel micro, afectando la vida de ciudadanos comunes que carecen de mecanismos efectivos para defenderse. Esta tendencia pone de manifiesto una alarmante falta de regulación en el ámbito mediático y una inacción preocupante por parte de las instituciones encargadas de velar por la justicia y la verdad.
El sociólogo alemán Jürgen Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, señala que la esfera pública debe ser un espacio de debate racional y fundamentado, no un escenario para la manipulación y la desinformación. Cuando el discurso público es dominado por intereses particulares que distorsionan los hechos, se erosiona la confianza social y se debilitan las bases de la democracia. La instrumentalización del linchamiento mediático, tanto contra líderes como contra ciudadanos de a pie, es un síntoma de una sociedad que necesita urgentemente revaluar sus valores éticos y fortalecer su compromiso con la verdad y la justicia.
La democracia y el debate público necesitan más que nunca un periodismo comprometido con la verdad. Como ciudadanos, debemos exigir que el discurso mediático se base en hechos comprobables y no en narrativas creadas para destruir reputaciones.
