En días recientes, algunos sectores han lanzado acusaciones infundadas contra Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía, por autorizar la importación de combustibles a través de Primax. Medios como Las2Orillas han insinuado, sin aportar fundamentos técnicos o pruebas documentales, que esta decisión podría poner en riesgo la estabilidad de Ecopetrol o favorecer intereses internacionales. No obstante, un análisis detallado de los hechos y la normativa vigente demuestra que estas afirmaciones carecen de sustento.
La realidad detrás de la importación
La autorización para que Primax importe entre 100.000 y 130.000 barriles de gasolina no fue una medida improvisada ni aislada. Esta decisión, tomada por el Director de Hidrocarburos, se fundamentó en criterios técnicos, logísticos y financieros, de acuerdo con el marco legal vigente. Estos volúmenes representan una porción mínima del mercado: apenas entre el 5% y el 7% de lo que Ecopetrol importa regularmente, y no más del 2% al 3% del total de combustibles que abastecen al país. Por ende, su impacto es insignificante a nivel macroeconómico.
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Más relevante aún, esta medida buscaba atender una crisis de abastecimiento en regiones históricamente desatendidas como Nariño y la costa Pacífica, donde el suministro de combustibles es recurrentemente irregular. Esta acción no respondió a intereses políticos, sino a la necesidad de garantizar los derechos básicos de estas comunidades, cuya conectividad y economía dependen directamente del acceso constante a combustibles. Autoridades locales han destacado la efectividad y oportunidad de esta decisión.
Pronunciamiento del Ministro Palma en X.
Un respaldo normativo claro
La Resolución 180522 de 2010, complementada por la Resolución 40736 de 2015, faculta al Ministerio de Minas y Energía para autorizar importaciones de combustibles en casos de necesidad o desabastecimiento, sin exigir subastas públicas cuando no hay intervención del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El objetivo de esta normativa es precisamente garantizar respuestas rápidas ante riesgos en el suministro.
En este caso, Primax no solicitó compensaciones al FEPC, y la operación generó beneficios financieros tangibles para el sistema. Resulta llamativo que ciertos críticos omitan estos datos clave y opten por narrativas que ignoran tanto el marco regulatorio como la lógica operativa del sector energético nacional.
Ecopetrol: el debate que realmente importa
Curiosamente, quienes critican esta operación como una amenaza para Ecopetrol no han mostrado la misma preocupación frente al incumplimiento reiterado de esta empresa en la entrega de combustibles según las nominaciones pactadas con mayoristas. Este problema, documentado en los últimos cuatro años, ha generado costos reales para distribuidores y ha afectado la competitividad del mercado. Si de verdad se busca fortalecer a Ecopetrol, el debate debería centrarse en mejorar su eficiencia operativa, no en deslegitimar medidas que solucionan fallas puntuales.
Cuando el ruido político desplaza la verdad
Es preocupante que ciertos actores políticos y mediáticos intenten convertir una decisión técnica en un escándalo, tergiversando hechos y promoviendo teorías sin fundamento. Las insinuaciones sobre intereses árabes detrás de esta operación pasan por alto la trayectoria de Primax, una empresa que ha operado legalmente en Colombia desde 2018. Estas narrativas no solo son inexactas, sino que también erosionan la confianza ciudadana en las decisiones técnicas del Estado.
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Lo ocurrido no fue un negocio turbio ni un favor a intereses externos. Fue una medida legal, transparente y orientada al interés público, diseñada para garantizar el suministro en territorios marginados. El verdadero debate debería enfocarse en quién se beneficia al sembrar desinformación y minar la credibilidad institucional, en lugar de reconocer los beneficios de una decisión que, lejos de perjudicar, contribuye al bienestar de comunidades vulnerables.
