Mercenarismo y afectaciones a las familias
El mercenarismo fue presentado por la Defensoría del Pueblo de Colombia como una amenaza para los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la paz y la libre determinación de los pueblos durante el 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. Allí, Iris Marín Ortiz sostuvo que el fenómeno no puede reducirse a un asunto penal o de seguridad, porque no toda persona colombiana vinculada a un conflicto en el exterior encaja en la misma categoría jurídica.
Según la entidad, el seguimiento a estos casos ha permitido identificar falsas promesas laborales, engaño, explotación, restricciones a la libertad, confiscación de documentos y abuso de condiciones de vulnerabilidad. Para la Defensoría, esos patrones pueden corresponder a formas de reclutamiento predatorio, trata de personas o explotación laboral.
Los datos reportados sobre Rusia y Ucrania
Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría recibió 293 casos relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con la información expuesta en Ginebra, el 76.9% de los combatientes era cabeza de hogar.
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La carga del impacto, añadió la entidad, ha recaído sobre todo en las mujeres que acudieron a buscar apoyo institucional. Entre quienes reportaron los casos, el 92.3% eran mujeres; de ellas, el 88.5% asumió luego la jefatura del hogar y el 98% manifestó afectaciones físicas o mentales asociadas a la incertidumbre sobre la situación de su familiar.
Asistencia y protección para las familias buscadoras
Marín Ortiz afirmó que ninguna categoría jurídica atribuida a una persona puede justificar que su familia quede sin información, asistencia consular, acompañamiento jurídico y psicosocial, ni sin mecanismos efectivos para establecer su suerte y paradero, gestionar la repatriación o recibir de manera digna sus restos cuando corresponda.
La defensora también planteó que combatir el mercenarismo y proteger los derechos humanos no son objetivos incompatibles. En esa línea, pidió impedir que redes transnacionales se aprovechen de la experiencia militar y de las vulnerabilidades socioeconómicas de ciudadanos colombianos, sin excluir la responsabilidad penal que pueda derivarse de eventuales delitos.
Como ruta de acción, la entidad llamó al Estado y a la comunidad internacional a reforzar la prevención estructural, vigilar a empresas, agencias e intermediarios que participan en el reclutamiento transnacional, investigar posibles nexos con trata de personas y explotación laboral, y consolidar una atención permanente con protección especial para las mujeres buscadoras.
