En mayo, siendo candidato, Abelardo de la Espriella fue explícito ante las cámaras: no quería una reforma para subir impuestos, sino una para bajarlos. En julio, ya como presidente electo, rechazó la tributaria de Petro porque, decía su comunicado, buscaba trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal. Y el 7 de agosto, en su posesión, remató con una frase que resumía su programa: había que dejar de castigar a los que generan empleo.
El jueves 29 de octubre su gobierno radicó en la Cámara la llamada Ley de Rescate Económico: 106 artículos, una meta de ajuste de 3,58 % del PIB en 2028 y un nombre que, como todo nombre de ley en Colombia, es ya un argumento. Rescatar supone un náufrago y un salvavidas. La pregunta de esta columna es sencilla y vieja: ¿a quién rescata el rescate, y quién pone el bote?Conviene empezar por lo que no está en discusión. El hueco es real. Según El Espectador, sin ajuste el déficit de 2027 llegaría a 9,4 % del PIB, el más alto de la historia del país. Ningún gobierno serio podía ignorarlo. El problema no es que haya ajuste; es su diseño, su reparto y la manera en que se nos cuenta.
Proyecto de Ley de Rescate Económico
Siete de cada diez pesos, o la contabilidad como relato
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En la tarima de la plaza de Bolívar, sin preguntas de la prensa, el vicepresidente José Manuel Restrepo repitió la cifra que el gobierno quiere que recordemos: siete de cada diez pesos del ajuste salen de que el Estado se apriete el cinturón.
La Silla Vacía hizo la cuenta y la cifra no resiste. El cálculo oficial suma como «recorte» el desmonte de beneficios tributarios, porque contablemente un impuesto que se deja de cobrar figura como gasto. Así, cobrarle más a quien compra un licor o volver a cobrar aportes de seguridad social aparece en la columna de la austeridad. Si se dejan solo los recortes efectivos —transferencias, nómina, contratistas—, suman 0,74 % del PIB en 2028, unos $16,7 billones: uno de cada cinco pesos, no siete de cada diez.
No es un detalle técnico. Es una operación sobre el sentido común. El Estado no solo recauda impuestos: también impone las categorías con las que pensamos lo que hace. Llamar «recorte del Estado» a un aumento de la carga sobre el consumo es exactamente eso, una victoria en el terreno de las palabras antes de la batalla en el Congreso. El propio El Espectador lo dijo sin adjetivos: el Ejecutivo había prometido un ajuste hecho solo de recortes, y el texto radicado trae cambios en impuestos para aumentar ingresos.
El IVA, otra vez: el libreto de 2021
Si el recorte es menor de lo anunciado, la plata tiene que salir de algún lado. Sale de donde siempre: del IVA. La ley mantiene la tarifa general en 19 %, pero a partir del 1 de enero de 2028 elimina la tarifa diferencial del 5 %. Café, azúcar, aceites, pastas y chocolate pasarían a la tarifa plena. De la lista de bienes excluidos salen frutas y verduras frescas, café en grano, maíz, sal, abonos, plaguicidas, computadores y celulares. El internet de los estratos 1, 2 y 3 pierde su beneficio. La gasolina corriente empieza a liquidar IVA en las estaciones.
El gobierno insiste en que no toca la «canasta básica», porque deja por fuera la papa, la yuca, el pan, la arepa y la panela. Es un juego de definiciones. Quien haya hecho mercado en un pueblo de Antioquia sabe que el café, el azúcar, el aceite, la fruta y la verdura no son lujos.
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Según el análisis de La Silla, el 60 % del recaudo nuevo proviene de medidas que Alberto Carrasquilla propuso total o parcialmente en 2021, la reforma que encendió el estallido social. Otra parte retoma la tributaria de Petro que este mismo gobierno descalificó como un atraco. La ironía es completa: De la Espriella termina proponiendo una mezcla de lo que el Congreso le negó a Petro y lo que la calle le cobró a Duque.
El exministro de Agricultura Andrés Valencia advirtió, además, que gravar al 19 % frutas, hortalizas, granos, café y cacao, junto con fertilizantes y maquinaria, puede presionar la inflación de alimentos, empujar la informalidad y alimentar el contrabando. El campesino no recibe devolución por ser productor: paga más por el abono y vende más caro lo que cosecha.
EfectIVA: una devolución que depende de la factura
La respuesta oficial a la crítica de regresividad es EfectIVA: devolver el 100 % del IVA al 30 % más pobre —unos 19 millones de personas— y entre 30 % y 50 % a otros 16 millones en situación de vulnerabilidad. Cuesta cerca de $20 billones al año, frente a unos $25 billones que entrarían por IVA. La idea no es nueva; Carrasquilla la propuso en 2021 como una suma fija para 4,7 millones de hogares.
Reconozcámoslo: personalizar el IVA es, en abstracto, una buena idea de política pública. El problema está en el mecanismo. La devolución se calcula sobre la factura electrónica expedida a nombre de cada persona. Y los más pobres compran en la tienda de la esquina, en la plaza, en el granero del pueblo: lugares que no facturan con cédula, pero que trasladan en el precio el IVA que pagaron a sus proveedores. Para la población en pobreza extrema la ley prevé un mínimo mensual sin facturas, pero no lo fija: queda en manos de Hacienda, por acto administrativo, en un rango que va de cero a unos $288.000.
Quien ha formulado proyectos de inversión en municipios pequeños sabe que la distancia entre el registro administrativo y la vereda es enorme. Un subsidio que exige trazabilidad digital a quienes viven en la economía del fiado es un subsidio que, en la práctica, no llega a todos los que debería. El IVA, en cambio, sí llega a todos: está en el precio. La asimetría es estructural: el cobro es automático; la compensación, condicionada.
La clase media, en el sándwich
Si abajo hay devolución y arriba hay alivios, en el medio queda la clase media asalariada. La ley baja el umbral del impuesto de renta y crea un tramo del 9 % desde 720 UVT. Recorta el tope de la renta exenta del 25 % de 790 a 630 UVT, unos $32,9 millones al año, y elimina la deducción por dependientes. Al mismo tiempo, sube la cotización a salud de quien gana más de dos salarios mínimos: del 4 % a una escala entre 5,5 % y 8 %.
Las cifras de La Silla Vacía, construidas con las tablas de la propia ley, son elocuentes: un asalariado de $6 millones al mes pagaría unos $2,1 millones más al año entre renta y salud; uno de $10 millones, unos $4,3 millones más. A eso se suma el consumo: Hacienda calcula alzas de 47 % en cigarrillos, 53 % en vapeadores y 32,6 % en licores, y un nuevo impuesto a la producción de cerveza que recaudaría $7,1 billones al año.
No es casual que las primeras voces de rechazo hayan venido del propio uribismo. La senadora María Clara Posada anunció que votará en contra de cualquier medida que aumente la carga de la clase media, y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, dijo que los colombianos no aguantan un impuesto más. La clase media fue decisiva en la victoria de De la Espriella. Ahora es la que más pone.
Arriba de la pirámide: menos renta, más estabilidad, menos patrimonio
Mientras se amplía la base hacia abajo, la ley afloja hacia arriba. La tarifa de renta de las empresas baja de 35 % a 33 % en 2027 y a 31 % desde 2028, un costo fiscal de entre $9,5 y $12 billones anuales según las propias cifras de Hacienda. Se crea el RUGE, un régimen de estabilidad inspirado en el RIGI de Javier Milei y en los contratos de estabilidad jurídica de la era Uribe: 16 años de reglas congeladas, renta del 20 % para proyectos que arranquen en 2027 o 2028, dividendos al 8 % para extranjeros y exención del impuesto al patrimonio. El gobierno no dice cuánto le cuesta al fisco. La evidencia previa no ayuda: un estudio del BID concluyó que los 72 contratos de estabilidad firmados entre 2006 y 2014 fueron inefectivos para promover la inversión.
Y el impuesto al patrimonio, que De la Espriella prometió eliminar en su posesión, se desmonta por etapas: el umbral sube de 72.000 a 95.500 UVT —de unos $3.771 millones a $5.000 millones— y el tributo desaparece desde 2031. El argumento oficial es la fuga de capitales. Es cierto que, como reveló La Silla, el pago de este impuesto cayó 28 % durante el gobierno Petro, sobre todo por ultrarricos que se fueron del país.
Aquí conviene volver a Albert Hirschman. En Salida, voz y lealtad distinguió entre quienes pueden irse y quienes solo pueden protestar o resignarse. La ley responde a la amenaza de salida de los grandes patrimonios con concesiones; a la voz de la clase media y de los consumidores, con una devolución condicionada. Quien puede irse, negocia. Quien no puede, paga.
La eliminación del Impuesto al Patrimonio: La propuesta de Abelardo De La Espriella
Lo que viene con el ajuste: poder
La ley no es solo una tributaria. Su artículo 7 le concede al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar y escindir ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, agencias y establecimientos públicos, sin volver al Congreso. La Silla recuerda que nadie había pedido tantos poderes para reducir el Estado desde el primer gobierno de Álvaro Uribe. Simón Gómez, del centro de pensamiento Centro Vida, la describió como una reforma constitucional por la puerta de atrás, porque desmonta una institucionalidad construida durante 30 años para hacer efectivos los derechos. Desde la bancada del Pacto Histórico, la representante Isabel Vera habló de un poder absoluto.
Hay algo más silencioso y quizá más grave. El artículo 96 da otros seis meses para cambiar el régimen de carrera de la DIAN. Según su exdirector Luis Carlos Reyes, eso permitiría eliminar los concursos de ingreso y volver a nombrar a miles de funcionarios. Es decir: la entidad que debe combatir la evasión —una de las banderas de la reforma— quedaría más expuesta a la discrecionalidad política justo cuando más necesita autonomía técnica.
Bourdieu hablaba de la mano izquierda del Estado —la que educa, cuida y garantiza derechos— y de su mano derecha —la que administra el presupuesto y disciplina el gasto—. Esta ley fortalece la segunda con facultades excepcionales y amputa la primera por decreto. Giorgio Agamben ha mostrado cómo la excepción tiende a volverse forma ordinaria de gobierno cuando se la presenta como necesidad. Seis meses sin Congreso para rediseñar el Estado no son un trámite: son una decisión sobre quién decide.
La prueba política
El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, lo anticipó días antes de la radicación: hasta ahora la agenda del gobierno había avanzado en el Congreso sin mayores tropiezos, pero la ley de rescate, junto con los cambios a la consulta previa y a la reforma pensional, mostraría el verdadero tamaño de sus mayorías. Ávila ya había calificado la ley de sometimiento de este gobierno como una grosería institucional. La lectura de fondo es la misma: un Ejecutivo que pide mucho poder y explica poco.
Los primeros días le dan la razón. La bancada más grande de la coalición, el Centro Democrático, tendrá que votar medidas que criticó cuando las firmaba Petro; su director, Gabriel Vallejo, ya recordó que los colombianos esperan menos impuestos, no más. El gobierno lo sabe, y por eso la ley viene con dulces para las regiones de los congresistas: $15,1 billones de espacio de endeudamiento para gobernaciones y alcaldías, vigencias futuras que comprometen al siguiente gobierno y la liberación del aporte municipal al Fonpet.
Y viene con calendario. El grueso del golpe del IVA empieza el 1 de enero de 2028, después de las elecciones regionales de octubre de 2027, mientras el primer giro de la devolución llegaría a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Primero el alivio, después la factura. Antes de radicar, además, el gobierno colocó bonos en dólares por US$5.200 millones, la emisión más grande de la historia: los mercados recibieron la señal antes que el Congreso y que los ciudadanos.
A quién rescata la Ley de Rescate
Hay que conceder a los defensores del proyecto lo que tienen de razón. Economistas de mercado, como Armando Armenta, de AllianceBernstein, celebran que por fin se intente algo distinto tras treinta años de tributarias que no lograron aumentar el recaudo. Analistas como Alejandro Rojas, del Banco de Bogotá, recuerdan que quitar exenciones del IVA y reducir parafiscales es lo que llevan años pidiendo las comisiones de expertos. El exministro Mauricio Cárdenas pidió acompañar al gobierno por asumir el costo político. Y el hueco fiscal no es un invento de la oposición.
Pero que una medida sea «técnicamente correcta» no la vuelve neutral. Wolfgang Streeck describió el paso del Estado fiscal al Estado de consolidación: aquel que gobierna mirando primero a sus acreedores y después a sus ciudadanos, y que reparte el ajuste según la capacidad de cada grupo para hacerse oír. La Ley de Rescate encaja con precisión en ese molde. Le habla a los mercados con bonos récord y renta empresarial más baja; a los grandes inversionistas, con 16 años de reglas congeladas; a los grandes patrimonios, con la extinción gradual de su impuesto. A la tienda de barrio, al campesino y al asalariado de $6 millones les habla con IVA, renta y cotización.
Una reforma alternativa era posible dentro de la misma urgencia: recortes reales y medibles antes que impuestos al consumo, un impuesto al patrimonio bien fiscalizado en lugar de su desmonte, una DIAN con carrera blindada, y una devolución del IVA que no dependa de una factura que los pobres no reciben. No se eligió ese camino. Esa es una decisión política, no una ley de la naturaleza.
El candidato prometió bajar impuestos. El presidente radicó la tributaria más ambiciosa en años. Entre una cosa y otra no hay solo un hueco fiscal; hay una elección sobre quién debe ser rescatado. Y, por lo leído hasta ahora, el salvavidas no está lanzado hacia abajo.
Fuentes
- La Silla Vacía — Más tributaria que recorte: claves de la Ley de Rescate de Abelardo (30 oct. 2026)
- La Silla Vacía — Gobierno presenta ley de rescate: una tributaria con recorte de nómina
- La Silla Vacía — Abelardo anuncia reforma tributaria y fin de impuesto al patrimonio
- La Silla Vacía, Detector — Este video de De la Espriella con propuestas tributarias es de 2021
- El Espectador — Ley de ajuste fiscal con recorte e impuestos: las claves de la propuesta del Gobierno
- El Espectador — Ley de rescate económico: lo que se sabe y lo que está en juego
- Noticias RCN — Ley de rescate fiscal pondrá a prueba las mayorías del Gobierno: Ariel Ávila y Hernán Cadavid
- Colombia.com — Ariel Ávila sobre la ley de sometimiento
- Portafolio — Gobierno De La Espriella radicó la ley de rescate fiscal: puntos clave
- Infobae — Reacciones de la clase política a la Ley de Rescate Económico
- Semana — Reacciones: «La clase media siempre termina pagando»
- Semana — Gobierno electo rechaza la reforma tributaria de Petro
- El Tiempo — Discurso de posesión: decreto de austeridad y fin del impuesto al patrimonio
- Cambio — Ley de Rescate: facultades extraordinarias para fusionar o suprimir ministerios
- La Veintitrés — Gobierno radica ley de rescate económico
