Como es del conocimiento de todos, el mundo y nuestro país, ha sido azotado por el virus Sars Cov-2, que produce la enfermedad de Covid-19; desde marzo de 2019 y hasta hace muy pocos días salimos de la emergencia sanitaria, pero con secuelas.
Durante los más de dos años de pandemia en nuestro país se han producido alzas continuas en los productos de la canasta familiar, tal como lo ha reportado el DANE, los periódicos de amplia circulación en Colombia, portales de internet, emisoras, redes sociales, entre otros medios.
De acuerdo con lo anterior, en lo que va corrido del presente año 2022, se han registrado alzas exorbitantes en los productos de la canasta familiar, hasta el punto, que se escucha decir, no sólo en los medios mencionados anteriormente, sino en cualquier rincón de nuestro país que todo está muy caro. No obstante, lo anterior, el 20% de los productos que hacen parte de la canasta familiar, son importados; lo que conlleva a que con las continuas alzas del dólar, los colombianos nos veamos obligados a pagar más por dichos productos, entre los que se destacan algunas carnes, pescados, lácteos, legumbres y frutas.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se infiere que están siendo vulnerados algunos derechos, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual señaló expresamente en su artículo 22 que todas las personas tienen:
(…) derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (ONU, 1948).
De lo anterior, se concluye que, si las familias colombianas perdemos la capacidad de obtener una buena canasta familiar, no podemos alimentarnos bien; es decir, no podemos obtener los nutrientes que se necesitan para mantener una vida digna o una buena salud, bien sea porque los productos continuamente alzan sus precios exorbitantemente, o bien sea porque los ingresos no son suficientes.
Por lo tanto, se hace necesario, la intervención de todos los entes gubernamentales a fin de proteger a sus ciudadanos y evitar así, que siga aumentando la lista de pobres en Colombia.
La misma declaración de derechos humanos argumenta que la seguridad social es un conjunto amplio de medidas de protección encaminadas al logro de otros derechos de carácter fundamental como son la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.
En cuanto a su contenido, estos se desprenden de la lectura del artículo 25 de la misma Declaración, en la que manifiesta lo siguiente:
- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Negrita y subrayado fuera de texto).
Las continuas alzas en los productos de la canasta familiar no garantizan el anterior precepto, por ello, en este momento, los colombianos nos encontramos vulnerados y en estado de indefensión, porque a la fecha, no ha habido intervención contundente de parte del gobierno en todas sus esferas para frenar lo que ya he explicado anteriormente. Por esto, insisto como medidas deprecadas la intervención del Gobierno a fin de evitar más problemas sociales, más injusticia, entre otros.
Lo que está pasando a nivel nacional, con los productos de la canasta familiar, invita a una reunión extraordinaria del gobierno, en la que participen, todos los ministerios, entes de control, confederaciones de consumidores, representantes de las comunidades, proveedores, cadenas de producción y todos aquellos que deseen aportar por el progreso de nuestro país para tomar medidas contundentes que satisfagan las necesidades de todos los colombianos; no es para menos.
También, hay que recordar lo que establece nuestra Constitución Nacional en los siguientes artículos:
ARTICULO 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
ARTICULO 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Ahora bien, durante la Pandemia, la cual “acabó” hace tan sólo unos días; trajo como consecuencia que muchos hogares pasaran a la lista de más pobres, según lo establecido por el DANE y publicado por el portal Web del diario La República.
Lo que agrava más la situación es que 7,47 millones de colombianos viven con menos de $145.004 al mes, es decir, viven en condiciones de pobreza extrema y sus ingresos no les alcanzan para consumir las calorías que necesita una persona para tener buenas condiciones de salud.
La cifra es realmente crítica, preocupante y de sólo pensar en ello es para reflexionar, para tomar decisiones desde todos los ámbitos gubernamentales, con el objetivo de frenarla; pero no se ven las acciones necesarias de los grupos de interés que busquen verdaderas alternativas de frenar todo aquello que sea causal del aumento de esa pobreza.
Tener 21 millones de personas por debajo de la línea de pobreza con un ingreso menor a $360.000 per cápita, realmente muestra una situación crítica que debe marcar un hito en todas las instituciones del gobierno nacional, regional y local.
Frente al clamor de los colombianos las autoridades nacionales manifiestan que los insumos agropecuarios importados están exceptos de aranceles; sin embargo, esto no es suficiente. Lo que el gobierno nacional debe procurar es incentivar la industria nacional; ejemplo de ello, es sacar de la crisis a Monómeros y a todas aquellas empresas productoras de agroquímicos, de esta manera, no tendríamos que importar esos productos.
Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha explicado que en el régimen colombiano y especialmente en virtud del artículo 333 de la Constitución, la fijación de los precios se basa en las variables de la oferta (comportamiento de productores y proveedores) y la demanda (comportamiento del consumidor) en la circulación de los bienes y servicios; además no tiene competencia para la fijación de precios.
Finalmente, se espera que el próximo gobierno tenga dentro de sus políticas públicas un mejor control en el tema de la canasta familiar.
