Por Andrea Téllez*
Hay verdades que la sociedad colombiana conoce, susurra y tolera. El acoso sexual en los espacios de poder es una de ellas. No es nuevo. No es aislado. Es estructural. Y cuando irrumpe en los titulares, como ocurrió en marzo de 2026 con el escándalo de Caracol Televisión, nos obliga a mirar de frente lo que hemos preferido ignorar por décadas.
Una redacción, un secreto a voces
El 13 de marzo de 2026, tres periodistas y una practicante de Noticias Caracol acudieron ante el área de Gestión Humana para denunciar que llevaban meses siendo afectadas por conductas de acoso sexual atribuidas a dos de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano: Jorge Alfredo Vargas, conductor por casi dos décadas del noticiero de mayor audiencia del país en horario prime, y Ricardo Orrego, presentador de deportes. No era la primera denuncia. Según el acta de inspección del Ministerio del Trabajo —reconstruida por la Revista RAYA—, el canal conocía casos de acoso desde al menos 2021 y tenía quince quejas adicionales sin respuesta adecuada. En el caso de Orrego, la empresa le había formulado dos llamados de atención formales —en agosto de 2023 y en abril de 2025— por conductas que incluían, según el documento, abrazos forzados, besos no consentidos y tocamientos. La empresa no solo no actuó con contundencia: habría instruido a presuntas víctimas para que evitaran encontrarse con él.
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Lo que rompió el silencio fue el ultimátum de una practicante que llegó a la redacción en diciembre de 2025. Ella advirtió que si el canal no tomaba medidas y no informaba públicamente, haría públicas las pruebas. Solo entonces Caracol reaccionó. El 24 de marzo, la empresa comunicó la salida de ambos periodistas. Pero la forma en que lo hizo habla más que el hecho en sí: Orrego fue despedido de manera unilateral, mientras que Vargas salió mediante un acuerdo de «mutuo acuerdo» que incluía una cláusula de confidencialidad recíproca. Es decir: la empresa firmó el silencio junto con el señalado. La Fiscalía abrió una investigación penal. El Ministerio del Trabajo inspeccionó el canal durante cerca de ocho horas y halló reportes previos no gestionados de forma adecuada, así como omisiones sistemáticas por parte de las directivas. La institución admitió que nunca había trasladado las denuncias previas a la Fiscalía.
Ante la avalancha de testimonios que siguió —periodistas de distintos medios relatando experiencias similares después de años de silencio—, la periodista Lina Tobón, ex integrante de la sección de deportes de Caracol, lo resumió con una honestidad desgarradora: «Solo quienes estamos en el medio sabemos lo que señalar este tipo de conductas conlleva: ser señaladas de problemáticas, difíciles, exageradas. Además de cargar con el estigma y el prejuicio». Su decisión, dijo, no fue denunciar sino renunciar. Y confiar en el tiempo. Ese es el mensaje que el sistema envía a las víctimas: que el tiempo es más confiable que la justicia.
No solo en los medios: el acoso sexual en las instituciones públicas
Sería cómodo reducir este problema a las salas de redacción de un medio de comunicación o al mundo del entretenimiento. Pero el acoso sexual habita con igual comodidad en los pasillos de las alcaldías, en las gobernaciones, en el Congreso, en las altas cortes, en la Policía Nacional y en cualquier espacio donde el poder se concentra en pocas manos y la subordinación es la regla.
En octubre de 2024, la representante a la Cámara Yessenia Aguirre denunció públicamente al entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, por acoso sexual, indicando que él le habría dicho que podía pagarle con su cuerpo a cambio de un fallo favorable. Aguirre señaló que, tras la denuncia, no hubo avances en la investigación y que los medios guardaron silencio. Lorduy, cercano a figuras de poder del partido Cambio Radical, continuó en su cargo. El poder protege al poder.
En diciembre de 2024, la subintendente Sandra Marín de la Policía Metropolitana de Barranquilla denunció públicamente, a través de un video, que dos oficiales la acosaban sexualmente y que como represalia le habían negado permisos y la presionaban para trasladarla a Cali, lejos de sus hijas. Tenía pruebas, testigos, documentación. La institución activó rutas de atención. La orden de traslado seguía vigente.
En el ámbito de los medios públicos, el caso del gerente de RTVC, Hollman Morris, ha generado una presión política inusitada. Morris, amigo personal del presidente Petro, fue denunciado por acoso sexual cuando era concejal de Bogotá en 2019. El caso tomó un giro perverso: él acusó de injuria y calumnia a la mujer que lo denunció. Incluso las congresistas del Pacto Histórico le pidieron la renuncia: «Instamos a que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo». Sigue en su cargo.
Y Antioquia no es la excepción. En nuestra propia casa, la impunidad tiene rostro y dirección.
En la Gobernación de Antioquia, el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado remitió al entonces gobernador Aníbal Gaviria Correa una comunicación con 37 presuntas quejas de acoso laboral y sexual distribuidas entre varias dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación con 15 casos, la Gerencia de Catastro con tres y la propia Secretaría de las Mujeres —paradoja institucional que duele nombrar— con dos. La revista Semana recogió los testimonios: «Es muy difícil que un servidor acosado laboralmente por su jefe tenga la disposición mental para servir. Por el contrario, se le convierte en un calvario venir a laborar y cada día que pasa su estado de salud se deteriora», señaló el sindicato en su comunicación oficial. Se sospechaba además que las cifras representaban un subregistro de la realidad. La respuesta institucional fue la de siempre: de las 37 denuncias, 16 fueron cerradas sin calificarse como acoso, y el resto siguió un peregrinaje entre la Procuraduría y los sistemas internos sin resolución contundente.
En Medellín, la Personería Distrital formuló cargos contra el exdirector técnico del Centro de Innovación del Maestro —MOVA—, Eduardo Luis López Guzmán, señalado de presunto acoso sexual contra una practicante vinculada a la institución entre agosto y noviembre de 2024, en un espacio creado precisamente para formar docentes y construir mejores escuelas. Y en la Secretaría de Hacienda, la misma Personería sancionó al funcionario Henry Carlos Coral Martínez por, en palabras del ente de control, «acosar, perseguir, hostigar y asediar física y verbalmente, con fines sexuales no consentidos» a una abogada contratista. Dos entidades públicas de la capital antioqueña. Dos mujeres que se atrevieron a hablar. Dos procesos que avanzaron únicamente porque ellas sostuvieron su palabra frente a una institución que, por omisión, había tolerado el abuso.
El patrón se repite con una coherencia que debería avergonzarnos: denuncia, presión institucional para silenciar, traslados, acuerdos de confidencialidad, demandas por calumnia, y al final, impunidad.
Las cifras que el Estado prefiere no ver
La Red Nacional de Mujeres ha documentado que el 99% de los casos de acoso sexual en Colombia quedan en impunidad judicial. De 23.666 casos registrados entre 2010 y 2023 en los que la víctima era una mujer, solo existen 296 condenas. En el 93% de los casos no hubo avances procesales que condujeran al juicio. La Ley 1257 de 2008, que tipificó el acoso sexual como delito, cumplió ya casi dos décadas de vigencia, y la implementación, según la misma Red, ha sido lenta e insuficiente.
Un estudio de 2021 de la Universidad de los Andes, replicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), encontró que seis de cada diez periodistas han sido víctimas de violencia de género en sus espacios laborales. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha confirmado la misma proporción para el conjunto de las mujeres en Colombia: seis de cada diez han sufrido violencia de género. Y aun así, el sistema sigue preguntando: ¿por qué no denunció antes?
La Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular 006 de septiembre de 2025, asumió la competencia exclusiva para investigar disciplinariamente los casos de acoso sexual en el sector público, reconociendo explícitamente que dejar esa función en las oficinas de control interno de las propias entidades generaba conflictos de interés y dejaba a las víctimas sin garantías. Es un avance normativo. Pero entre la norma y la realidad hay un abismo por el que se cuelan los acuerdos de confidencialidad, los traslados forzados y las denuncias invertidas.
El acoso sexual como tecnología del poder
Desde mi lugar como trabajadora social y docente, y desde mi convicción feminista, me resulta imposible analizar el acoso sexual de forma aislada al sistema de poder que lo produce y lo protege. El acoso no es un accidente de conducta individual. Es una tecnología del poder: un mecanismo por el cual quienes tienen posición jerárquica, reconocimiento público o influencia política regulan el acceso, la permanencia y el silencio de quienes están en posición de subordinación.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lo ha dicho con claridad: «Estos casos gozan de mucha impunidad debido al temor que tienen las víctimas por el reconocimiento público que tiene el agresor». El acosador no actúa solo en el momento del acoso: actúa también en el diseño de los sistemas de denuncia, en los comités de convivencia que terminan siendo espacios de conciliación entre víctima y victimario, en los medios que guardan silencio, en los contratos que incluyen cláusulas de confidencialidad, en los abogados que dan vuelta el proceso y convierten a la denunciante en acusada.
Jorge Alfredo Vargas salió de Caracol con un acuerdo firmado y con su trayectoria intacta en el discurso público. Caracol lo describió como un cierre «de mutuo acuerdo». Las mujeres que lo denunciaron enfrentan la carga de un proceso penal abierto, la exposición mediática y el peso de demostrar lo que el canal sabía desde años antes y eligió ignorar.
El silencio no es culpa de las víctimas
Necesito decirlo con la misma firmeza con que lo enseño en cada aula: el no denunciar no es culpa de las víctimas. Es la consecuencia calculada de una estructura diseñada para que la denuncia sea más costosa que el silencio.
Callar no es complicidad. Es sobrevivencia. Es la respuesta racional de quien ha visto cómo otras mujeres que denunciaron fueron trasladadas, despedidas, demandadas, desacreditadas o simplemente ignoradas. Es la respuesta de quien trabaja en un medio donde el acosador tiene el poder de decidir quién sale al aire, quién cubre la nota importante, quién asciende. Es la respuesta de quien trabaja en una alcaldía donde el acosador firma los contratos de prestación de servicios. Es la respuesta de quien sabe que el Comité de Convivencia Laboral está integrado por personas que toman café con el denunciado.
Las víctimas no guardan silencio porque no tienen valor. Guardan silencio porque el sistema ha sido construido para que hablar tenga un precio altísimo y para que callar sea la única opción que no destruye lo que ya tienen.
Una reflexión final: la obligación de incomodar
Que el MeToo colombiano haya llegado con fuerza a los medios de comunicación en 2026 no es una casualidad ni un progreso espontáneo. Es el resultado de años de acumulación silenciosa de rabia y dignidad, de mujeres que documentaron, que guardaron pruebas, que construyeron redes de apoyo y que esperaron el momento en que el costo de seguir callando fuera mayor que el costo de hablar.
Desde este espacio que se llama crítico porque apuesta a incomodar, tenemos la obligación de seguir nombrando lo que el poder prefiere que permanezca en silencio. El acoso sexual en las administraciones municipales, en las gobernaciones, en el Congreso, en los medios, en las universidades, en las instituciones del Estado, no es un fenómeno periférico ni excepcional: es parte del funcionamiento ordinario de un sistema que usa el cuerpo y la dignidad de las mujeres como moneda de cambio.
La pregunta que debemos hacernos no es por qué las víctimas no denuncian antes. La pregunta es qué estamos dispuestos a cambiar para que denunciar sea posible sin que cueste todo.
*Trabajadora Social · Docente · Objetora de Conciencia · Feminista· Humanista Universal
