Matador no tiene que pedir permiso para preguntar
Mientras el caricaturista denuncia amenazas de muerte, un fallo judicial recuerda que exigir información sobre las donaciones humanitarias es un derecho constitucional, no un capricho político.
Que Matador tenga que denunciar amenazas contra su vida y la de su familia, mientras cuestiona el manejo de donaciones para víctimas de un terremoto, debería preocuparnos profundamente. Porque una democracia empieza a deteriorarse cuando preguntar resulta más peligroso que guardar silencio.
El caricaturista Julio César González ha cuestionado a la primera dama, Ana Lucía Pineda, por los recursos canalizados mediante la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Sus expresiones pueden discutirse, pero ninguna justifica intimidaciones ni amenazas.
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Y existe una pregunta que no desaparece por cuestionar al mensajero: ¿cuánto dinero se recibió y qué destino tuvieron esos recursos?
El 27 de octubre, el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá protegió el derecho de petición de Miguel Hernán Hernández Sánchez y ordenó a la fundación responder cinco requerimientos sobre las donaciones y su relación con entidades estatales.
Lo verdaderamente trascendental está en la argumentación del juez.
En la página 4 de la sentencia, el despacho reconoce que, aunque la fundación es privada, al recaudar recursos para atender una causa humanitaria su actividad «adquiere un interés general», generando el derecho ciudadano a solicitar información, salvo aquella legalmente reservada.
No es una interpretación acomodada a favor de Matador. Es el razonamiento de una autoridad judicial.
El fallo se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho a recibir información, y en el artículo 23, que consagra el derecho fundamental de petición. También aplica el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015, que permite presentar peticiones ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales.
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Y hay un dato revelador: 54.589 millones de pesos, que la propia fundación reportó haber recibido, administrado y canalizado. El juez advirtió que esa información aparecía en un informe de gestión, pero no fue suministrada adecuadamente al peticionario.
La sentencia no demuestra irregularidades ni ordena entregar toda la contabilidad. Sin embargo, deja claro que no basta invocar genéricamente la reserva para evitar respuestas de fondo. Aunque Matador no presentó esta tutela, el fallo fortalece jurídicamente la legitimidad de las preguntas que ha puesto en el debate nacional.
La primera dama tiene derecho al buen nombre. Matador tiene derecho a expresarse y a vivir sin amenazas. Ambos derechos deben respetarse. Pero convertir las preguntas sobre donaciones humanitarias en una confrontación personal significa perder de vista a quienes verdaderamente importan: los damnificados.
Porque rendir cuentas no debería ser una derrota para nadie. Y preguntar por el destino de 54.589 millones no es un delito, ni una provocación: es un derecho ciudadano.
Vea el documento aqui: Fallo T-388
