El presidente Abelardo De La Espriella genera polémica
El 30 de agosto de 2026, tras la llamada Operación Azarías contra el Frente Carolina Ramírez —una disidencia de las FARC bajo el mando de alias «Iván Mordisco»— en Lagos del Dorado, Miraflores (Guaviare), el presidente Abelardo de la Espriella difundió un video en el que aparece caminando entre los cadáveres de los 23 combatientes dados de baja, cubiertos con sábanas, junto a mandos militares y policiales. Lo presentó como «el golpe más contundente propinado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años» y afirmó: «Les prometí enfrentar el terrorismo sin contemplaciones y estoy cumpliendo.»
La reacción fue amplia y transversal. Gustavo Petro calificó el gesto de convertir «la muerte en un trofeo»; María José Pizarro habló de «necromedia» y de «pura barbarie con rosario»; Claudia López sostuvo que no era «la foto de una victoria, sino de la pequeñez de un dirigente político»; la representante Mafe Carrascal recordó que «un muerto sigue teniendo dignidad» e invocó los estándares de la Cruz Roja Internacional, mientras Ariel Ávila y Alejandra Omaña preguntaron si entre los cuerpos exhibidos había menores de edad —una acusación que, vale precisarlo, no está confirmada y debería resolverse por vía judicial, no propagandística.
La exhibición de los cuerpos como estrategia que fortalece el discurso de seguridad, pero genera cuestionamientos morales.
Hay una distinción elemental que el gesto de De la Espriella pasa por alto: una cosa es que el Estado informe con veracidad los resultados de una operación militar —cifras, armamento incautado, legalidad de la acción— y otra muy distinta es que el jefe de Estado convierta esos resultados en una puesta en escena visual sobre cuerpos sin vida. La primera es rendición de cuentas; la segunda es lo que Achille Mbembe llamó necropolítica: el ejercicio de la soberanía no ya administrando la vida de los súbditos, sino exhibiendo la capacidad de dar muerte como fuente de legitimidad. Cuando el poder necesita mostrar cadáveres para demostrar su fuerza, ya no está comunicando un resultado: está usando la muerte del otro como espectáculo de autoafirmación.
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Esa distinción tiene una base ética anterior a cualquier discusión de comunicación política. Para tratar esto, abordemos a Kant, quien sostenía que ninguna persona puede ser tratada nunca solo como medio; la tradición moral —religiosa y secular por igual— ha extendido siempre esa exigencia más allá de la muerte, porque el cuerpo del muerto sigue representando a alguien que fue persona.
Por eso el derecho internacional humanitario obliga a tratar con dignidad incluso a los combatientes enemigos caídos, y por eso la propia Iglesia Católica —que De la Espriella invoca como parte de su identidad— cuenta entre las obras de misericordia la de «sepultar a los muertos», no la de fotografiarse junto a ellos. Judith Butler ha mostrado cómo los regímenes de guerra deciden qué muertes son «lloradas» y cuáles quedan reducidas a cifra o a prueba de eficacia; convertir 23 cadáveres en decorado de una alocución triunfal es, precisamente, negarles esa condición de vidas que alguna vez importaron, aun siendo enemigos del Estado.
Hay además una razón específicamente colombiana para no naturalizar la fotografía del cuerpo caído como prueba de éxito militar. El país ya vivió, con el escándalo de los «falsos positivos», las consecuencias de una lógica en la que el resultado se medía en cadáveres: esa métrica terminó incentivando ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de bajas en combate. No se trata de equiparar la Operación Azarías con esos crímenes —no hay evidencia de ello—, sino de señalar que reinstalar el cuerpo del enemigo muerto como símbolo de éxito reactiva un imaginario que la sociedad colombiana, y su propia justicia transicional, llevan años intentando desmontar.
Un Estado que se distingue moralmente de los grupos armados irregulares no puede hacerlo apropiándose de su misma gramática visual: el trofeo de guerra, el cuerpo mostrado como escarmiento, es precisamente el lenguaje que estos grupos usan entre sí. Que el Estado gane el monopolio legítimo de la fuerza no le otorga automáticamente el derecho a estetizar sus efectos.
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«Viva Cristo Rey»: una consigna con historia, no un acto de fe
Abelardo De La Espriella acude a un lema con un trasfondo historicamente cuestionable
El error de la caminata entre cadáveres se agrava, y se ilumina, cuando se lo lee junto con la consigna religiosa. De la Espriella y sus defensores presentan el «Viva Cristo Rey» como una simple expresión de fe personal injustamente perseguida por un Estado laicista. Esa lectura ignora deliberadamente la historia concreta de la frase, que no nació como devoción privada sino como grito de combate político-religioso.
La consigna surge en el México de los años veinte, durante la Guerra Cristera, en boca de católicos ejecutados por el Estado por resistirse a las leyes anticlericales del gobierno de Calles: era el grito de quien moría, no el de quien mataba. Pero su trayectoria posterior es la que importa aquí. El general Francisco Franco la convirtió en emblema de su cruzada nacional-católica durante la Guerra Civil española y los casi cuarenta años de dictadura que siguieron, fusionando altar y cuartel como fuente única de legitimidad.
En Colombia, Laureano Gómez —inspirado explícitamente en el franquismo— la incorporó al discurso conservador de los años cuarenta y cincuenta, y las bandas de «pájaros» y chulavitas la gritaban mientras perseguían y asesinaban liberales durante La Violencia. Juan Fernando Cristo lo resume con precisión: mezclar poder político y símbolo religioso «nunca sale bien», y Colombia no necesita «una guerra religiosa» añadida a las que ya tiene.
Dicho de otro modo: quien hoy repite «Viva Cristo Rey» desde la investidura presidencial no está invocando el grito de los mártires perseguidos, sino el grito de quienes, apropiándose de esa memoria martirial, la usaron para legitimar la persecución de sus adversarios políticos. Acto seguido, se ve una inversión de sentido: el lenguaje de la víctima puesto en boca del poder que exhibe cadáveres.
Por eso hablar aquí de «defensa de la religión» es una defensa vacía. No defiende el contenido ético de la fe que invoca —la misericordia, el respeto por el cuerpo del caído, la caridad hacia el adversario, todos ellos valores explícitamente cristianos— sino únicamente su capacidad simbólica de proyectar autoridad y pertenencia tribal. Es religión reducida a insignia de bando, no a exigencia moral. Y esa reducción es, en sentido estricto, más un gesto de idolatría política que de fe: usa lo sagrado como instrumento de poder temporal, exactamente lo que la separación Iglesia-Estado moderna —incluida la Constitución colombiana de 1991, que consagra un Estado laico— busca impedir después de siglos de guerras religiosas europeas y de la propia Violencia bipartidista colombiana.
El episodio de la disculpa lo confirma. Un juez ordenó a De la Espriella disculparse por haber usado su investidura para promover una confesión religiosa particular. Él pronunció las palabras de la disculpa y, acto seguido, repitió la misma consigna que la motivó. Es una contradicción performativa: el enunciado «ofrezco disculpas» se anula a sí mismo en el mismo acto de habla que lo pronuncia. Lejos de ser un desliz, esa estructura —obedecer la letra del mandato judicial mientras se reafirma su espíritu contrario— es coherente con la lógica de la caminata entre los cadáveres: en ambos casos, el gesto simbólico pesa más que la norma que se dice acatar, y el Estado se presenta no como árbitro neutral entre credos y entre vidas, sino como parte beligerante que reclama un fundamento trascendente para su fuerza.
Una crítica, dos raíces comunes
Exhibir los cuerpos y repetir «Cristo Rey» no son dos torpezas sueltas: son la misma operación política ejecutada en dos registros. En ambos casos, un poder que necesita mostrarse fuerte recurre a símbolos —el cadáver como prueba, la consigna religiosa como bandera— que en la historia de Colombia y de Occidente están asociados a la violencia sectaria y a la erosión de la neutralidad del Estado.
En ambos casos, lo que se presenta como fortaleza —moral, militar, espiritual— es en realidad una sustitución: la sustitución del argumento y del respeto a la ley por la imagen, y la sustitución del contenido ético de la fe por su uso como divisa de combate. Una democracia constitucional no se mide por su capacidad de imitar el lenguaje simbólico de sus adversarios —sean estos grupos armados o proyectos político-religiosos del pasado— sino por su capacidad de sostener, incluso frente a la victoria militar, la dignidad del caído y la neutralidad del poder frente a las convicciones religiosas de sus ciudadanos. Medido con ese criterio, el gesto de Abelardo de la Espriella no fortalece al Estado: lo expone.
Fuentes consultadas: Infobae, El Cronista, SinEmbargo MX, Pulzo, La FM y Univisión.
