El Desencanto institucional en la juventud colombiana
El país discute reformas, presupuestos y listas al Congreso, pero pocas veces se pregunta qué pasa cuando una generación entera deja de imaginarse a sí misma dentro de lo público. Hay un síntoma que la política colombiana prefiere no mirar de frente: mientras los partidos negocian curules y los gobiernos anuncian reformas, buena parte de sus futuros ciudadanos ya decidió, en silencio, que el Estado no es un lugar donde quieren estar. No lo dicen en manifiestos ni en encuestas de intención de voto. Lo dicen con sus decisiones de vida: emprenden, migran, trabajan remoto, crean contenido. Cada vez menos aspiran a una carrera en lo público.
No es una percepción. Según el Latinobarómetro 2024, el 78,3% de los jóvenes colombianos entre 15 y 25 años afirma no sentirse representado por el Congreso, y apenas el 16,9% conoce siquiera la existencia de los Consejos de Juventud, especialmente en Municipios de bajas categorias donde escenarios de partición son tan reducidos y las prioridades de funcionarios no son los jóvenes, según informa el COLOMBIANO. A eso se suma que Colombia figura entre los países de América Latina con mayor intención de emigrar: 49% de los colombianos consultados por CID-Gallup manifestó su deseo de irse del país, una de las cifras más altas de la región, solo por debajo de Honduras. Y quienes se van, según reportes recientes de Infobae, son mayoritariamente jóvenes en edad productiva.
El patrón es consistente: salida, no permanencia. Fuga, no disputa.
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El economista Albert O. Hirschman, en Exit, Voice, and Loyalty (1970), propuso un marco que hoy resulta incómodamente vigente: frente a una institución que decepciona, las personas tienen dos caminos posibles. Pueden ejercer voz —reclamar, participar, disputar el rumbo desde adentro— o pueden ejercer salida —desertar, buscar alternativas fuera del sistema que los defraudó. La lealtad es lo que, en teoría, inclina la balanza hacia la voz.
Lo que describen las cifras colombianas es una generación que, mayoritariamente, ha optado por la salida. No porque no le importe el país —muchos de esos mismos jóvenes emprenden, crean, trabajan con disciplina y ambición—, sino porque ya no cree que la voz, ejercida desde la función pública o la militancia partidista, produzca resultados proporcionales al esfuerzo. El cálculo no es apático: es racional. Y ahí está el problema para la democracia, porque una democracia que pierde la lealtad de sus jóvenes no pierde votantes: pierde la materia prima de la que se nutre la política misma.
Juventud colombiana en movilización
Max Weber, en su célebre conferencia La política como vocación (1919), distinguía entre quienes viven de la política —como oficio de subsistencia— y quienes viven para la política, entendida como entrega a una causa que trasciende el interés personal. Weber advertía que esa segunda forma de vocación requiere condiciones: una ética de la responsabilidad, pero también un mínimo de sentido, de que el esfuerzo invertido en lo público puede transformar algo real.
Cuando la institucionalidad se percibe como clientelista, lenta o capturada por intereses particulares, la vocación weberiana se vacía de sentido. No es que los jóvenes colombianos hayan dejado de tener ambición o disciplina —el auge del emprendimiento y la creación de contenido lo desmiente—; es que trasladaron esa ambición a terrenos donde perciben una relación más directa entre esfuerzo y resultado. El Estado, en cambio, aparece como un territorio de retorno incierto: burocracia, bajos salarios frente al sector privado, procesos de vinculación percibidos como opacos y una politización que desincentiva la carrera técnica de largo plazo.
Así las cosas, se advierte el riesgo de que las sociedades modernas terminen privilegiando la vida activa reducida al trabajo, la productividad y el consumo, por encima de la acción política propiamente dicha: ese espacio de aparición pública en el que los ciudadanos se reconocen como tales al actuar y deliberar conjuntamente frente a los otros. La sociedad actual ha dejado de valorar ese espacio compartido, debilitando la política institucional y, con ella, se erosiona la posibilidad misma de construir y preservar un mundo común.
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En su lugar, emergen escenarios de competencia, exclusión y confrontación, donde el disenso deja de ser una expresión legítima de la pluralidad para convertirse en un mecanismo de descalificación, señalamiento y discriminación. Entonces, las oportunidades ya no se distribuyen en función del conocimiento, las capacidades o los méritos, sino de la afinidad con determinadas posturas, intereses o círculos de poder. El problema, en última instancia, no es solo la pérdida de calidad de la política, sino la transformación de lo público en un territorio donde pensar diferente puede convertirse, paradójicamente, en una razón para ser excluido, y en ese caso, las juventudes tan diversas y se sienten apartadas, señaladas y por ende excluidas.
Visto así, el fenómeno colombiano no es solo una crisis de vocación estatal. Es un repliegue hacia formas de vida que llamaría «privadas» en el sentido etimológico del término: privado de lo público, de la visibilidad compartida, del disenso organizado. Migrar, emprender en solitario o construir una audiencia digital son formas legítimas de agencia individual, pero no sustituyen la acción concertada que sostiene una democracia. Se puede tener una generación extraordinariamente productiva y, al mismo tiempo, políticamente huérfana.
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La juventud ya no cree en el Estado porque siente que este impone antes que regular, que juzga antes que escuchar y que homogeniza antes que reconocer la diversidad. La mirada de ciertos sectores del poder reduce las múltiples formas de vivir, pensar y construir comunidad, especialmente cuando aquellas expresiones desbordan los moldes tradicionales. Ser crítico es presentado como una amenaza; cuestionar el orden establecido, como un problema; y ejercer la rebeldía propia de la juventud, como una conducta que debe ser corregida antes que una posibilidad para transformar la sociedad.
La desconfianza también nace cuando asuntos profundamente ligados a la dignidad y a la autonomía de las personas son convertidos en disputas morales o religiosas, mientras la educación ha entrado a pensarse desde una lógica homogénea que desconoce las profundas diferencias entre territorios, comunidades y trayectorias de vida. No se puede educar de la misma manera en contextos que son radicalmente distintos, ni construir ciudadanía negando la pluralidad que constituye a la sociedad.
¿Qué significa esto para la democracia?
El riesgo no es solo generacional: es estructural. Un Estado que no logra atraer talento joven tiende a un círculo vicioso — peor gestión, menor confianza, mayor fuga— que termina profundizando exactamente lo que alejó a esa generación en primer lugar. La administración pública colombiana, sobre todo en el nivel territorial, ya enfrenta un déficit de cuadros técnicos jóvenes dispuestos a construir carrera dentro de ella, lo que deja el terreno libre para las mismas dinámicas clientelistas que alimentan la desconfianza inicial.
La pregunta que debería inquietar a quienes diseñan política pública no es cómo obligar a esa generación a «volver» al molde institucional heredado, sino si el Estado colombiano está dispuesto a transformarse lo suficiente como para volver a ser un lugar donde valga la pena quedarse.
Weber decía que la política es «un lento y trabajoso taladrar sobre madera dura», un ejercicio que exige a la vez pasión y sentido de la proporción. El riesgo actual no es que la juventud colombiana carezca de pasión. Es que decidió, con razones fundadas, dejar de creer que el taladro todavía sirve.
