Estatuto antiterrorista: el riesgo de castigar sin condena
El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca crear un registro de organizaciones terroristas que permitiría congelar bienes y restringir operaciones financieras. Aunque el proyecto fue modificado tras las advertencias de la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo, persisten interrogantes sobre el debido proceso, la vigilancia ciudadana y los límites del poder presidencial.
El Gobierno nacional prepara una de sus iniciativas de seguridad más controvertidas: el Estatuto Antiterrorista, un proyecto que promete golpear las finanzas de las organizaciones criminales, pero que también podría otorgar al Ejecutivo amplias facultades para señalar personas y organizaciones y afectar su patrimonio sin que exista previamente una condena penal.
La propuesta, impulsada durante la gestión del exministro del Interior Rodrigo Lara, todavía no ha sido radicada en el Congreso ni tiene fuerza de ley. Su contenido fue modificado después de las objeciones jurídicas formuladas en octubre y permanece bajo revisión de la Presidencia.
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El Gobierno decidió dividir la iniciativa en dos proyectos: una ley estatutaria, relacionada con derechos fundamentales, inteligencia y registro de organizaciones terroristas, y una ley ordinaria para desarrollar otros instrumentos de persecución del crimen organizado.
Una lista con consecuencias económicas inmediatas
El punto más polémico es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, un mecanismo que permitiría identificar administrativamente a personas y organizaciones presuntamente vinculadas con actividades terroristas.
La inclusión en ese registro podría desencadenar el congelamiento de cuentas bancarias, fondos y otros activos, además de restricciones para contratar con el Estado. Las medidas también podrían alcanzar a empresas y estructuras jurídicas relacionadas con los señalados.
Para el Gobierno, se trata de atacar las redes económicas que sostienen al ELN, las disidencias y otras organizaciones armadas y criminales.
Sin embargo, el debate jurídico plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar el poder de una decisión administrativa cuando sus consecuencias se asemejan a una sanción judicial?
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La Sala Penal de la Corte Suprema advirtió sobre los riesgos patrimoniales del registro, la posible confiscación de bienes y la necesidad de garantizar la proporcionalidad de las medidas y el control judicial.
Protestar no es terrorismo, pero las dudas persisten
Las modificaciones al borrador incorporaron una garantía expresa: la protesta social, la movilización ciudadana, el ejercicio del periodismo y otras actividades protegidas por derechos fundamentales no pueden considerarse, por sí mismas, actos terroristas.
También se precisó que aparecer en el registro no convierte automáticamente a una persona u organización en objetivo militar.
Son cambios importantes frente a la primera versión. No obstante, la existencia de estas garantías en el texto no resuelve por completo las preocupaciones sobre su futura aplicación.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por las definiciones amplias y las consecuencias patrimoniales que podrían imponerse mediante decisiones del Ejecutivo sin controles judiciales suficientes.
El riesgo señalado por los críticos consiste en que una interpretación extensiva de la norma termine afectando a personas inocentes, comunidades sometidas a extorsión o ciudadanos que ejercen legítimamente sus derechos.
Reconocimiento facial y nuevas facultades de vigilancia
Otro componente del Estatuto contempla herramientas de inteligencia y contrainteligencia, así como sistemas automatizados de reconocimiento facial integrados a cámaras de videovigilancia.
Según lo anunciado, estos mecanismos estarían orientados a localizar personas con órdenes de captura por terrorismo, homicidio, secuestro y otros delitos graves.
Aunque su finalidad declarada es mejorar la identificación de responsables de hechos violentos, la propuesta abre una discusión sobre el tratamiento de datos biométricos, la privacidad, los errores de identificación y la supervisión judicial de las tecnologías de vigilancia.
Seguridad y derechos: el debate que viene
La iniciativa complementaría la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, mediante la cual el Gobierno estableció nuevas condiciones para el sometimiento a la justicia de organizaciones armadas ilegales.
La estrategia combina incentivos para quienes abandonen la criminalidad con instrumentos más severos para perseguir a quienes continúen delinquiendo.
Sin embargo, combatir el terrorismo no elimina la obligación constitucional de respetar la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la separación de poderes.
El proyecto tendrá que superar el debate del Congreso y, en su componente estatutario, la revisión previa de la Corte Constitucional.
La cuestión de fondo no es si el Estado debe combatir a las organizaciones criminales, sino quién controla las facultades que se otorgan para hacerlo.
Porque en una democracia, la gravedad del delito que se pretende combatir no puede convertirse en una justificación para debilitar las garantías que protegen a toda la ciudadanía.

















