Tigo (UNE EPM Telecomunicaciones) solicitó este martes, 7 de enero, la autorización del Ministerio de Trabajo para ejecutar una masacre laboral con un despido colectivo. La empresa argumenta que esta medida responde a un análisis estructural realizado para afrontar las dificultades económicas que afectan al sector de telecomunicaciones en Colombia.
El despido colectivo, según lo estipula la Ley 50 de 1990, implica la terminación de contratos laborales de un número significativo de empleados por causas económicas, técnicas, operativas o administrativas. Para ser aprobado, el Ministerio del Trabajo debe evaluar que la cantidad de despidos propuestos cumpla con los porcentajes establecidos según el tamaño de la empresa. Los trabajadores afectados tendrían derecho a una indemnización y el proceso podría extenderse hasta por seis meses.
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Tigo explicó que, de manera paralela, ha implementado dos estrategias para mitigar el impacto: una Política de Reestructuración Organizativa y un plan de Retiro Anticipado, dirigido a trabajadores prepensionados o que ya hayan alcanzado la edad de jubilación, con carácter voluntario. Estas políticas estarán vigentes entre el 7 de enero y el 30 de abril, y posteriormente, hasta el 31 de octubre de este año.
Tigo, filial del Grupo EPM, opera en 767 municipios del país y emplea a más de 3.300 personas en Colombia. Es el tercer mayor operador móvil del país con 15,1 millones de usuarios, detrás de Claro y Movistar. La empresa enfrenta una compleja situación financiera. En 2023, reportó ingresos por $2.700 millones, con un leve crecimiento del 1,28% frente a 2022. No obstante, cerró con pérdidas netas de $1.100 millones, reflejando una caída del 141,61%.
El contexto económico ha llevado a la empresa a revisar su estructura y evaluar medidas que garanticen la sostenibilidad operativa. Expertos en el sector consideran que la competencia de precios y servicios, junto con la presión financiera, han sido determinantes para esta decisión. El Ministerio de Trabajo ahora deberá evaluar si aprueba la solicitud de despido colectivo, considerando la normativa vigente y las condiciones expuestas por la compañía.
