Mujer. En Ciudad de México, la representante a la Cámara Ana Paola García Soto defendió la Ley de Mujer Rural, Campesina y de la Pesca durante el Foro Iberoamericano y Caribeño, exhortando a los gobiernos a asignar presupuestos verificables y medibles para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible II: Hambre Cero.
Recordó que Colombia ya reconoce el derecho a la alimentación como derecho humano, pero que ese avance debe traducirse en recursos y resultados tangibles en los territorios.
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Mujer y liderazgo rural
La Ley de Mujer Rural es resultado de un proceso participativo que incluyó cinco audiencias públicas, encuentros territoriales y concertaciones con el Ministerio de Agricultura, organizaciones de mujeres y cooperación internacional.
Entre sus medidas principales:
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Créditos especiales y ágiles para mujeres rurales.
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Educación formal y no formal impartida en la ruralidad.
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Asignación territorial del 5 % de los presupuestos locales a fondos para el fortalecimiento de la mujer.
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Mejor acceso a la tierra y fortalecimiento del FOMUR.
García Soto afirmó: “Cuando una mujer se empodera en el campo no solo produce alimentos, produce sostenibilidad y justicia social”.
Mujer y control político contra el hambre
La representante llamó a los parlamentos de Suramérica e Iberoamérica a garantizar presupuestos anuales, seguimiento técnico y transparencia pública.
Reconoció el papel de la FAO, México y España, pero enfatizó que el cumplimiento depende del trabajo conjunto y la rendición de cuentas.
Para García Soto, la Ley de Mujer Rural es una insignia nacional que materializa el derecho humano a la alimentación: menos desnutrición, más producción y más equidad en el campo colombiano.
