En el primer suceso, la familia Hincapié Vélez se convirtió en el epicentro de una investigación que transformó radicalmente su comprensión inicial. Diana Lorena Vélez Raigosa, de 40 años, junto a sus hijos María Camila y Juan Carlos, de 21 y 17 años respectivamente, fueron encontrados sin vida el 11 de septiembre en su residencia del barrio La Isla.
Lo que inicialmente parecía un pacto suicida colectivo mutó cuando las autoridades revelaron una versión más compleja. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que la realidad era aún más escalofriante: un doble homicidio seguido del suicidio de la madre. La investigación judicial descubrió elementos que sugerían una planificación meticulosa, incluyendo un frasco de cianuro y una carta donde Vélez Raigosa disponía los detalles de su trágico designio.
César Augusto Hincapié Dávila, padre de los jóvenes, expresó su dolor inconmensurable ante la pérdida, manifestando que ninguna palabra podría describir la magnitud de su sufrimiento.
Paralelamente, otro caso judicial sacudió la ciudad. Johan Antonio Perozo, ciudadano venezolano de 37 años, fue sentenciado a 35 años y 4 meses de prisión por un crimen atroz cometido en 2019. La víctima, Paula Andrea Restrepo, perdió la vida tras negarse a entregarle 10.000 pesos durante un encuentro en una carpintería.
La brutalidad del crimen alcanzó niveles escalofriantes. Perozo no solo asesinó a Restrepo mediante estrangulamiento, sino que posteriormente, con ayuda de un menor de edad, intentó ocultar el cuerpo bajo una pila de aserrín y madera.
El sistema judicial colombiano actuó con contundencia. La sentencia, fundamentada en pruebas irrefutables presentadas por la Fiscalía, no solo castigó el homicidio agravado sino que envió un mensaje categórico sobre la intolerancia ante la violencia.
Estos casos revelan heridas profundas en el tejido social de Medellín. Más allá de los hechos específicos, representan un llamado de atención sobre la complejidad de las dinámicas de violencia, los desafíos de seguridad ciudadana y la necesidad de intervenciones integrales que aborden las causas subyacentes de estos comportamientos destructivos.
La comunidad queda estremecida, reflexiva, esperando que cada sentencia judicial signifique un paso más hacia la construcción de una sociedad más segura y compasiva.
