16 de septiembre del 2026

Diputados de Antioquia piden mesa de diálogo por 89 familias de La Maquinita – Jardín

Diputados de Antioquia pidieron una mesa urgente por La Maquinita – Jardín, donde 89 familias afrontan demoliciones y arriendos temporales.

La Maquinita en el centro del pedido a Medellín y Antioquia

La Maquinita quedó en el centro de una solicitud política en Medellín. Varios diputados de la Asamblea de Antioquia pidieron la instalación urgente de una mesa de diálogo y concertación para atender a 89 familias afectadas por la demolición de viviendas en el sector La Maquinita – Jardín, en el barrio Manrique, según un comunicado radicado el 9 de septiembre de 2026.

El documento, identificado con el radicado E-202630000808, fue dirigido a Juan Carlos Palacio, presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, para su lectura en el recinto. Está firmado por el diputado Juan David Muñoz Quintero y suscrito por varios diputados más. Se trata de un comunicado externo y no de una decisión administrativa de la corporación.

De acuerdo con el texto, las familias del sector se ven afectadas desde el 8 de septiembre de 2026 por la demolición de sus viviendas. Los firmantes sostienen que la oferta institucional planteada hasta ahora consiste en seis meses de arriendo temporal por un valor apenas superior a $600.000, y consideran que esa medida no resuelve de manera definitiva la situación habitacional.

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El comunicado enmarca el caso en el déficit de vivienda de Medellín y afirma que esa situación golpea con mayor fuerza a las familias más pobres de la ciudad. En esa línea, los diputados advierten que sumar 89 hogares a esa presión habitacional agravaría un problema social que, a su juicio, exige una respuesta interinstitucional inmediata.

En el texto, los diputados solicitan al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia, al director de VIVA y a la Defensoría del Pueblo que, bajo principios de concurrencia y coordinación, instalen una mesa urgente con la comunidad para buscar salidas concertadas. El comunicado no identifica en su texto qué entidad ordenó o ejecuta la demolición, un dato clave para establecer responsabilidades sobre la medida cuestionada.

La comunicación plantea además que la vivienda digna es un derecho y que las decisiones administrativas adoptadas en el sector serían desproporcionadas frente a los derechos de las familias. La difusión pública del documento también llegó a X, donde Muñoz señaló que la petición busca sentar en una misma mesa al alcalde Federico Gutiérrez, al gobernador Andrés Julián Rendón, a VIVA y a la Defensoría del Pueblo para acompañar el proceso con la comunidad.

 

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