Fábricas Unidas: lo que realmente pasó en Itagüí
Entre la responsabilidad pública y la desinformación En Itagüí, la discusión sobre el intercambio vial de Fábricas Unidas se ha convertido en un terreno fértil para las falsas narrativas, los ataques sin fundamento y las lecturas interesadas. Lo que debería ser un debate técnico sobre movilidad, contratación y planeación, terminó reducido por algunos sectores a una pelea política que poco aporta a la comprensión real del problema. Por eso, vale la pena detenerse, revisar los hechos y dejar claro algo fundamental: la administración de Diego Torres actuó con rigor, responsabilidad y transparencia, aunque a muchos no les convenga reconocerlo.
Para empezar, conviene recordar la raíz del lío: la obra no solo era necesaria, sino urgente. La Autopista Sur es uno de los corredores más congestionados del Valle de Aburrá, y el intercambio de Fábricas Unidas representaba una solución estratégica. Como lo reseñó Caracol Radio en su informe del 6 de noviembre de 2025, el proyecto fue presentado como una intervención vital para corregir presiones viales históricas. Incluso por eso se implementó el pico y placa sectorizado, una medida impopular pero técnicamente justificada para evitar el colapso total del corredor mientras avanzaban las obras.
Lo que no dijeron quienes atacan es que no había obra que echar para atrás, porque el contratista jamás movió una piedra. Tampoco dijeron que la administración no desembolsó un solo peso, protegiendo el recurso público.
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Pero aquí aparece el primer punto crítico que desmonta muchas narrativas malintencionadas: la obra nunca empezó.
No porque la alcaldía no quisiera, ni porque faltaran recursos los dineros estaban asegurados en una fiducia, sino porque la empresa contratista, una firma española llamada Urbans, jamás cumplió con lo mínimo exigido para iniciar: ni equipos, ni cronogramas, ni garantías financieras. Caracol Radio lo dijo de manera contundente: el alcalde Diego Torres afirmó que la contratista “no tiene la voluntad real ni económica para arrancar la obra”. Y tenía razón.
A eso se suma algo más delicado: la empresa enfrentaba “graves líos en su país de origen”, según ese mismo medio. ¿Cómo iba Itagüí a permitir que una compañía con ese perfil manejara una obra de casi 80 mil millones de pesos? ¿Cómo defender lo indefendible?
Pero el problema no empezó en esta administración. Tal como lo advirtió El Colombiano, el proceso de contratación nació con debilidades profundas: hubo un solo oferente, la experiencia de la empresa era cuestionable y el camino para adjudicar la obra se tomó bajo un convenio interadministrativo una figura legal, sí, pero menos transparente que una licitación abierta bajo la Ley 80. La propia Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lo alertó públicamente: el proyecto parecía encaminado a ejecutarse “prácticamente a dedo”.
Itagüí no perdió una obra. Itagüí evitó un error histórico.
Y ahora, con un gobierno que no se deja presionar ni manipular, puede por fin encaminar el proyecto como merece: con transparencia, con competencia y con responsabilidad.
Con todos estos elementos sobre la mesa, la pregunta es obvia: ¿Qué debía hacer el gobierno municipal?
La respuesta es aún más obvia: actuar con responsabilidad, liquidar el contrato y proteger los recursos públicos.
Sin embargo, esa decisión legal, correcta y necesaria abrió la puerta para una ola de desinformación. Sectores con intereses políticos encontraron en la liquidación un argumento para atacar a la administración. Se afirmó, sin pruebas, que el alcalde “echó para atrás” un proyecto listo para ejecutarse. Se dijo que hubo improvisación. Se insinuó que la ciudad quedaría sin obra por culpa del gobierno local. Todo eso es falso.
Lo que no dijeron quienes atacan es que no había obra que echar para atrás, porque el contratista jamás movió una piedra. Tampoco dijeron que la administración no desembolsó un solo peso, protegiendo el erario. Ni mencionaron que las múltiples advertencias sobre la falta de capacidad técnica de Urbans venían desde meses atrás. Mucho menos reconocieron que este gobierno heredó un contrato débil, que hizo lo que correspondía: revisar, exigir y finalmente liquidar cuando el incumplimiento fue evidente.
La gestión del alcalde Diego Torres no fue permisiva, ni lenta, ni negligente
Fue estricta. Fue incómoda para algunos. Fue contraria a la vieja lógica de “dejar pasar” para evitar problemas. Y eso explica buena parte del ruido que se generó: a ciertos intereses les resulta insoportable que un alcalde diga NO a contratos mal estructurados.
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Mientras tanto, ¿Qué hizo la administración? En lugar de esconder el problema, lo enfrentó de frente. Comunicó a la ciudadanía, explicó los motivos, puso los documentos sobre la mesa, aceptó el costo político del pico y placa una medida que se implementó bajo la expectativa de una obra que el contratista incumplió y encargó al equipo técnico trabajar en una reestructuración seria del proyecto.
Es decir: Gobernó.
Hoy Itagüí tiene la oportunidad de hacer las cosas bien
El contrato ya fue liquidado. La ciudad puede abrir un proceso transparente y competitivo, con múltiples oferentes, con exigencias reales y con una supervisión robusta. La administración dejó claro que no permitirá improvisaciones, ni empresas sin músculo financiero, ni atajos que terminen en elefantes blancos o pérdidas millonarias.
Lo que queda, entonces, es desmontar la desinformación. Este no es un fracaso de la administración: es una muestra de carácter, de rigor técnico y de respeto por los recursos públicos.
El ruido político puede ser fuerte, pero los hechos lo son más.
Itagüí no perdió una obra. Itagüí evitó un error histórico.
Y ahora, con un gobierno que no se deja presionar ni manipular, puede por fin encaminar el proyecto como merece: con transparencia, con competencia y con responsabilidad.
