La Respuesta del Estado deja más dudas que una buena sensación ante la Urgencia manifiesta.
Hay momentos en que un gobierno deja de tener la posibilidad de explicar lo que piensa hacer y empieza, inevitablemente, a demostrar lo que sabe hacer. El terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026 hizo exactamente eso. Apenas tres días después de asumir la Presidencia en Cali, Abelardo de la Espriella se encontró frente a una de las primeras grandes emergencias de su mandato. El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), golpeó con particular fuerza al occidente del país y produjo una tragedia humana y material de enormes proporciones: viviendas destruidas o averiadas, daños en infraestructura educativa y hospitalaria, y un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos.
Para muchos esta situación no evalua cómo sera el gobierno, pues apenas inicia y sería casí que injusto decir que sera malo o bueno, sin embargo si puede dar matices frente a las maneras en las que el gobierno puede responder. Allí entonces surger la pregunta ¿está el Gobierno preparado para convertir su discurso de recuperación institucional en capacidad real de respuesta?
Una emergencia de esta magnitud exige saber de inmediato qué instituciones responden, quién tiene los recursos, dónde están los equipos, qué hospitales tienen capacidad disponible, qué vías siguen habilitadas, dónde están los damnificados, qué viviendas requieren intervención prioritaria, qué escuelas pueden seguir funcionando, qué municipios necesitan apoyo urgente, qué empresas pueden aportar, qué cooperación internacional puede movilizarse y, sobre todo, quién coordina todo lo anterior. Eso es, en sentido estricto, capacidad estatal.
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Por eso vuelve a plantearse la cuestión del empalme. Si el Gobierno decidió no realizar el proceso institucional que él mismo presenta como estratégico, ahora tiene que demostrar que esa decisión no debilitó su capacidad para asumir una crisis de esta magnitud. No basta con afirmar que la información se reconstruyó por otras vías —el propio documento oficial reconoce que, ante la ausencia de un empalme formal, se recurrió a información pública, al SECOP, a derechos de petición, al seguimiento periodístico y a aportes voluntarios—. La pregunta de fondo es cuánto de esa capacidad de reconstrucción documental se tradujo, efectivamente, en capacidad operativa sobre el terreno.
Sin embargo, más allá de las ruedas de prensa y la entrega de boletines actualizados sobre la situación, se requiere una respuesta sustentada en rigor técnico, planificación y capacidad de gestión. Surgen interrogantes fundamentales: ¿de qué manera el Gobierno proyectará y ejecutará la recuperación de las ciudades afectadas? ¿Cuál será el cronograma de intervención y cuáles serán los mecanismos dispuestos para garantizar respuestas oportunas y efectivas? ¿Con qué recursos contará el Gobierno para atender la emergencia y bajo qué condiciones, criterios y prioridades serán asignados? Asimismo, ¿cómo se articularán las ayudas provenientes del sector público, el sector privado, las organizaciones sociales y las donaciones de la ciudadanía, garantizando su adecuada distribución, trazabilidad y llegada efectiva a las comunidades afectadas?
Conviene ser precisos en este punto. La respuesta del Estado deja más dudas que respuestas claras, y precupa fuertemente su capacidad de respuestas. Al menos es necesario identificar varias situaciones, el rechazo de ayuda internacional, la falta de claridad para la atención de ciertas ciudades, el desconocimiento de las realidades territoriales, ministros de vaciones en medio de una crisis nacional. Lo último y lo más indignate fue la entrega de balones a comunidades afectadas por el terremoto, es claro que ante una situación de estres, angustia y ansiedad pueden haber elemento que quizás ayuden a mitigar un poco el estres que genera dicho ambiente, es claro que los niños necesitan jugar, las comunidades necesitan recuperar espacios de encuentro, y el deporte puede ser una herramienta legítima de recuperación social y emocional después de una tragedia.El problema es otro: es el contexto y la prioridad.
Mientras comunidades enteras enfrentan viviendas destruidas, infraestructura educativa afectada y dificultades severas de atención, la imagen del presidente entregando balones con identificación política es absurda, demuestra incapacidad real de respuesta y se convirte en el símbolo visible de una pregunta más profunda sobre las prioridades de la respuesta gubernamental —una controversia recogida ampliamente por medios nacionales e internacionales. En medio de una tragedia de estas dimensiones, la diferencia entre una acción puntual y una política pública importa.
La cortina de Humo, la manera más sencilla de desviar la atención cuando se demuestra incapaciad institucional.
Presentación del empalme del Gobierno de ADLE
Ante la imposibilida y los desaciertos del Gobierno de Abelardo De La Espriella, la estrategia comunicacional para desviar las críticas y evitar el mal posicionamiento es el señalamiento, situación que le juega muy bien ante los inminentes tropiezos dados en estos primero días y ante una emergencia de dichas dimensiones.
Hace unas pocas horas el gobierno presentó El Libro de la Verdad el «empalme» entre gobiernos como una herramienta estratégica para recuperar el funcionamiento del Estado: no una ceremonia protocolaria, sino un mecanismo para conocer capacidades, riesgos, contratos, recursos y problemas institucionales. Ese argumento adquiere una importancia distinta frente a una emergencia, porque un terremoto no espera a que un gobierno termine de organizarse. No espera los nombramientos, ni los diagnósticos, ni los discursos, y mucho menos las disputas políticas.
Resulta paradojico, que El Libro de la Verdad sostienga como propósito último la recuperación institucional y devolverle al Estado la capacidad de responder a quienes más lo necesitan y que la respuesta sea la entrega de balones con el nombre de su partido, a la vez que demuestra incapacidad para responder a quines más lo necesiten, ya que, una emergencia nacional exige mucho más que presencia presidencial y estrategía comunicacional: exige coordinación, logística, recursos, información, capacidad territorial, alianzas y velocidad.
Es irónico que el propio Gobierno redacte un documento que establece estándares muy exigentes para evaluar al Estado: habla de rigor técnico, de coordinación, de conducción estratégica, de capacidad institucional, de transparencia y de resultados. Incluso sostiene que la fragmentación del Estado debe superarse mediante coherencia y conducción estratégica y justamente demuestre lo contrario. El terremoto no está poniendo a prueba únicamente la capacidad de rescate inmediato; está poniendo a prueba la arquitectura institucional completa. Por esa razón, esta tragedia puede terminar siendo el episodio que defina políticamente al Gobierno de Abelardo de la Espriella —no por los balones, ni por las fotografías, ni por los discursos, sino por su capacidad real de reconstruir y atender a la población—.
Colombia no necesita solamente presencia presidencial, sino presencia institucional; no necesita solamente anuncios, sino ejecución; no necesita solamente recursos, sino capacidad para convertirlos en soluciones; y no necesita solamente solidaridad, sino alianzas capaces de transformar esa solidaridad en reconstrucción efectiva. La ciudadanía no necesita un Gobierno convertido en espectáculo ni un presidente que parezca actuar como si estuviera participando en un reality show.
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