En el municipio antioqueño, se agudizó la seguridad por los asesinatos de Edison García y Milena Pérez y la paralización en el transporte rural por las amenazas de las disidencias y autodefensas de las Farc.
Sobre los asesinatos solo se sabe que las fuerzas públicas los están investigando. Por otro lado, este doble homicidio agravó la situación de violencia en Ituango junto con los mensajes amenazantes en los que las Farc prohibió la movilización a los conductores.
El alcalde, Edwin Mira Sepúlveda, sobre los hechos manifestó: «Se están haciendo las investigaciones necesarias para esclarecer el doble homicidio, pero se conoce que el joven trabajaba como mototaxista en la zona. Además, por las amenazas de los grupos armados ilegales hay parálisis del transporte rural y no se está permitiendo la movilidad de los conductores ni de la comunidad».
Según el mandatario, la situación de seguridad sigue siendo crítica, por lo que pidió presencia permanente de las autoridades para proteger a la población civil durante las 24 horas.
«Cien indígenas jaidukamá permanecen desplazados por miedo a quedar en medio del fuego cruzado, no han regresados a sus resguardos», añadió el alcalde.
Según la defensoría del pueblo, en la zona urgen ayudas humanitarias, además de acciones de la Fuerza Pública y una misión médica para atender a los adultos mayores y a los enfermos.
Aunque, el director de la Unidad de Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, confirmó que las familias recibieron ayudas humanitarias como cobijas, sábanas y paquetes de alimentación en el albergue temporal de la escuela Antonio José Araque en zona urbana del municipio.
Por último, después del despliegue de las tropas del Ejército hasta las veredas de Ituango, los conductores del servicio público rural decidieron retomar sus actividades, pero por nuevas amenazas el servicio volverá a estar suspendido.
