En una audiencia pública ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 2 del Consejo de Estado, se desestimó la demanda contra diez congresistas por supuesta violación del régimen de incompatibilidades debido a sus donaciones al programa «La vaca por Antioquia», destinado a financiar vías 4G en el departamento.
Durante la sesión, el congresista Julián Peinado defendió su posición, argumentando que las donaciones fueron motivadas por razones altruistas y sin intención de obtener beneficios personales. Su abogado, López Gutiérrez, subrayó que no existió un contrato formal con la Gobernación de Antioquia, lo que invalidó la supuesta causal de pérdida de investidura.
Al celebrar la decisión, Julián Peinado expresó: «Los consejeros de estado nos dan la razón. Actuamos de manera transparente y con convicción, en defensa de una causa noble que hoy se ratifica. Esta no fue una acción de mala fe, sino una demanda basada en intereses publicitarios y políticos. Este fallo debe ser un claro mensaje contra la instrumentalización judicial en la política. Reconozco la imparcialidad de la justicia y acato completamente este veredicto, crucial para la defensa de los derechos constitucionales en un momento tan complejo para el país».
Después de revisar pruebas documentales y testimoniales, el Consejo de Estado concluyó que no se configuró la causal para la pérdida de investidura, respaldando el argumento de que las donaciones no constituyeron contratos vinculantes. Este resultado fue celebrado por los congresistas como un respaldo a su conducta ética y legalmente fundamentada.
Peinado enfatizó la importancia de la imparcialidad judicial y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos constitucionales en un contexto político desafiante para el país.
