La Unidad de Reacción Inmediata de la Controlaría General de Antioquia, realizó una inspección de vigilancia y control en el municipio de Buriticá, en el marco de los procedimientos relacionados con el trámite de Derechos de petición, quejas y denuncias, las cuales hacen parte de su función institucional.
En el caso específico de Buriticá, se auditó el contrato No. 01 de 2020, que tenía como finalidad, suministrar víveres que garanticen seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable, por un valor de $177.516.160, celebrado con Ferropamego.
La Contraloría manifestó que realizó control de legalidad, encontrando que rindieron todos los documentos exigidos en la plataforma “Gestión Transparente”, igualmente que el contratista estaba habilitado para comercializar este tipo de productos.
Buriticá es uno de los municipios de Antioquia que ha cumplido con todas las normas legales, tendientes a la contratación pública en el marco de la emergencia por el Covid 19.
Además, la Contraloría solicitó tres cotizaciones en el municipio, encontrando ajustados los precios ofrecidos y que verifican que ningún proveedor del municipio, estaba en condiciones de cumplir con las cantidades del contrato, además, que ha dichos precios debían sumarse el valor de estampillas.
La URI verificó la entrada al almacén de los elementos y realizó la visita correspondiente al lugar donde estaban almacenados los productos, además, se verificó la entrega de los mismos, mediante las planillas.
Buriticá es uno de los municipios de Antioquia que ha cumplido con todas las normas legales, tendientes a la contratación pública en el marco de la emergencia por el Covid 19.
Recordemos que la Contraloría atiende las alertas que tienen que ver con situaciones de sobrecostos en alimentos que hagan parte de las ayudas entregadas a la población vulnerable, el ejercicio preventivo ha surtido efectos y los propios gobiernos territoriales están optando por ajustar sus contratos, ante la solidez de las alertas.
Según datos de Colombia Compra eficiente, desde el pasado 17 de marzo, en Antioquia se habían reportado la firma de por lo menos 11.337 contratos por más de 576.000 millones de pesos. El organismo de control dividió su revisión en dos frentes principales: el primero, a través de un grupo de control territorial desplegado en las nueve subregiones del departamento y el segundo, enfocado exclusivamente en priorizar cuáles municipios tenían el mayor número de denuncias ciudadanas y necesitaban ser visitados con urgencia
