El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo ha emitido un preocupante balance sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia durante el primer semestre de 2023. Este análisis, resultado de un trabajo exhaustivo en terreno por parte de los funcionarios de la Defensoría en todas las regiones del país, arroja luz sobre una realidad alarmante de recrudecimiento de la violencia y desafíos persistentes en materia de derechos humanos.
El secuestro, las masacres, el reclutamiento y uso de menores, la conflictividad social y las violencias basadas en género y prejuicio son solo algunos de los hechos que han marcado una situación crítica en las comunidades colombianas.
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Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, expresó su profunda preocupación ante el aumento de estos actos violentos, señalando directamente a los grupos armados ilegales como los responsables principales de esta espiral de vulneraciones a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario. El informe detalla varios aspectos preocupantes:
Balance sobre las vulneraciones a los derechos humanos
Aumento de Secuestros
El número de secuestros se ha incrementado en un 39% en comparación con el mismo período del año anterior. Se registraron 32 secuestros entre enero y junio de 2023, en contraste con los 23 del año pasado. Mayores números de secuestros se presentaron en mayo y junio, concentrándose especialmente en departamentos como Arauca, Antioquia y Norte de Santander.
Persistencia de Masacres
Las masacres también han aumentado en este semestre, con 52 homicidios colectivos en comparación con los 48 del mismo período en 2022. Aunque no existe una relación directa con los homicidios de excombatientes y firmantes de paz, se evidencia una preocupante tendencia al alza en los asesinatos de este grupo poblacional.
Reclutamiento Forzado de Menores
Se han registrado 147 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en este período, con un alarmante 67% de los casos afectando a la población indígena. Las disidencias de las Farc son identificadas como responsables en el 64% de los casos.
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Aumento de Conflictos Sociales
Los conflictos sociales han aumentado un 48%, con 756 eventos de este tipo reportados. Las demandas por atención y cumplimiento estatal, así como las exigencias de inversión social en salud, educación, empleo y otros aspectos, han sido detonantes de estos conflictos. Departamentos como Arauca, Meta, Nariño, Putumayo, Córdoba y Antioquia han sido particularmente afectados debido a la presencia de grupos armados ilegales.
Violencias de Género en Cifras Alarmantes
La atención a casos de violencias basadas en género y por prejuicio ha aumentado un preocupante 203% en comparación con el primer semestre de 2022. Lamentablemente, las lideresas y defensoras de derechos humanos han sido particularmente afectadas por estos actos violentos.
Homicidios Contra Líderes Sociales
Aunque hay una disminución del 19% en comparación con el año anterior, aún se registraron 92 asesinatos de líderes y lideresas sociales durante este semestre. Los líderes comunales, comunitarios e indígenas han sido los más afectados, concentrando el 63% de los homicidios.
Desplazamiento y Confinamiento Forzados
A pesar de una disminución en el número de eventos de desplazamiento masivo, este sigue siendo un problema crítico. El departamento de Nariño es el más afectado, junto con Chocó, Cauca y Valle del Cauca, donde la presencia de grupos armados ilegales contribuye a esta situación.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo llama a una acción conjunta y urgente de la institucionalidad del Estado para abordar esta grave situación. Se subraya la importancia de proteger los derechos fundamentales de la población civil y erradicar la violencia perpetrada por grupos armados ilegales.
