Anorí aún continúa en paro hasta que sean escuchados. El municipio del Nordeste antioqueño comenzó a sentirse antes de la marcha nacional del 28 de abril, donde no están conformes con el gobierno de Duque y la crisis social que ha generado el COVID-19.
Desde el 25 de abril organizaciones defensoras de derechos humanos, campesinos, indígenas, mineros y comerciantes se unieron para respaldar el paro “Anorí a las calles”, con el fin de rechazar la reforma tributaria planteada por el actual gobierno, las fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos y exigen la implementación del Acuerdo de Paz.
Según cifras de la Administración Municipal, las manifestaciones han concentrado más de 3.000 personas, allí se lee carteles como “que la paz no nos cueste la vida”, “ser líder social no es un delito”, “el pueblo no se rinde”, “si a la vida, no al glifosato”, “cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”.
Anorí aún continúa en paro hasta que sean escuchados
Movilización
Además, los promotores del paro dicen que este continuará indefinidamente hasta que el Gobierno Nacional los escuche y resuelva sus peticiones satisfactoriamente. Las organizaciones campesinas exigen detener las acciones de erradicación forzada en Colombia, pues están cobrando vidas. Piden que se cumpla el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el Acuerdo de Paz; que el Estado proteja a las comunidades y que haya una veeduría internacional, que, aunque no puede desplazarse a los territorios, puede dar constancia de las actuaciones de la Fuerza Pública.
Comité de Paro en Anorí expresó en el pliego de condiciones que “hoy por hoy, Anorí se encuentra en una crisis social, política y económica que no solo afecta a los campesinos y campesinas que habitan el campo, sino que desestabiliza el comercio del casco urbano.
A pesar de todos los esfuerzos de las organizaciones sociales campesinas y de las Juntas de Acción Comunal por entablar mesas de diálogo cada que hay atropellos de la fuerza pública, hasta el día de hoy no se ha logrado concretar la ruta de trabajo efectiva entre autoridades, Gobierno y comunidades para garantizar el respeto por la vida, la defensa del territorio y la permanencia en él. Hemos estado durante los últimos años en un círculo vicioso donde la fuerza pública atropella, las comunidades se enfrentan, los líderes y lideresas buscan mesas de diálogo y el Gobierno nacional y local finalmente no garantizan ningún tipo de cambio”.
