En días pasados la Contraloría General de la Nación informó que había abierto un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Medellín, Daniel quintero por presuntos sobrecostos en un contrato firmado, que tenía como objetivo la alimentación de los estudiantes de la ciudad durante la contingencia. El proceso de responsabilidad fiscal es por un valor de 942.750 millones de pesos que sumarían los presuntos sobrecostos en un contrato de la Secretaría de Educación.
Dicho documento tenía por objeto entregar suministros de alimentos a la población estudiantil durante el periodo de calamidad pública, informó el contralor, Felipe Córdoba. A raíz de esta investigación, la Procuraduría decidió abrir investigación a la secretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruíz, por firmar ese servicio de alimentación escolar durante la emergencia por el COVID-19.
El Ministerio Público busca establecer por qué se pagaron 32.500 pesos por cada ración de comida entregada a los estudiantes, “cuando en el mercado esta tendría un valor estimado entre 10.000 a 15.000 pesos”.
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La respuesta por parte de la alcaldía de Medellín no se hizo esperar, con la premisa de que en Medellín no se pierde un peso, la administración municipal suspendió el pago a proveedores mientras se adelanta una revisión detallada de los contratos suscritos, con el fin de determinar si hubo o no sobrecostos.
Un comité evalúa las condiciones de mercado al momento de contratar para esclarecer si contratistas incurren en anomalías.
“Si encontramos sobrecostos apelaremos a la cláusula de equilibrio económico para evitar que contratistas se aprovechen de la situación. reconocimiento internacional de Medellín contra el Covid-19 se debe en parte a que a través de Medellín Me Cuida llevamos en tiempo récord ayuda a familias para soportar cuarentena. Sin alimentos habría sido imposible sostener la cuarentena por más estricta que fuera” expresó el alcalde Daniel Quintero a través de su cuenta de Twitter.
Medellín no pagará a contratistas hasta que no se determine si hubo o no sobrecostos. Si encontramos sobrecostos apelaremos a la cláusula de equilibrio económico para evitar que contratistas se aprovechen de la situación.
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 25, 2020
Un comité evalúa las condiciones de mercado al momento de contratar para esclarecer si contratistas incurren en anomalías. Además, especificó que a través de un comité de contratación en cada secretaría ordenadora del gasto se aplican estrictos estudios técnicos, jurídicos y financieros de revisión los costos y proveedores, para garantizar la transparencia en los recursos públicos.
“Este comité exige que contratos tengan cláusula de equilibrio económico que evita que contratistas aprovechen urgencia para subir precios. Si se observa que los costos estuvieron por encima del mercado un menor valor es pagado hasta lograr equilibrio” añadió el alcalde.
