Acuerdo de Paz: balance a diez años
Acuerdo de Paz, implementación y derechos humanos marcaron la audiencia defensorial que encabezó Iris Marín Ortiz el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Bogotá. Según la Defensoría del Pueblo, la funcionaria presentó un balance crítico de los diez años del pacto firmado en 2016, defendió que su cumplimiento es una obligación constitucional y pidió unidad política y social alrededor del derecho a la paz.
En la audiencia participaron víctimas, firmantes de paz, comparecientes ante la justicia, mujeres buscadoras, autoridades étnicas y campesinas, magistrados, congresistas, empresarios, representantes de la comunidad internacional, academia y medios. En su intervención, Marín sostuvo que el Acuerdo no debe verse como una causa de la violencia actual, sino como una ruta cuya ejecución avanza con rezagos. A su juicio, esa implementación lenta ha contribuido a que varias regiones sigan atrapadas en dinámicas armadas y en vulneraciones de derechos humanos.
Frente a representantes de distintos sectores políticos, la Defensora hizo un llamado a la unidad alrededor del derecho a la paz y defendió que la discusión pública sobre el Acuerdo debe centrarse en su cumplimiento efectivo en los territorios. Ese mensaje buscó interpelar tanto a instituciones del Estado como a sectores sociales y económicos presentes en la audiencia.
Avances y brechas señaladas por la Defensoría
De acuerdo con la entidad, el balance de la Defensora reconoció avances concretos, entre ellos que más de 13.000 personas dejaron las armas y que la confrontación armada disminuyó en distintos territorios tras la firma. Marín añadió que cumplir lo pactado es también «una excelente idea» para que Colombia deje de reciclar sus violencias.
Al mismo tiempo, advirtió que la situación de derechos humanos en varias zonas del país sigue siendo alarmante. La Defensora ubicó como factor de fondo la desigualdad territorial, étnica, de género y generacional, que en su lectura mantiene abiertas las brechas sobre las que se reproduce la violencia y golpea de forma directa a víctimas, firmantes y comunidades que esperan garantías de seguridad y derechos.
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