La preocupante propuesta de «Seguridad» de Abelardo de la Espriella.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este fin de semana que, el mismo 7 de agosto en que asuma el poder, firmará un decreto para poner en marcha lo que llamó el «Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana». Según explicó en redes sociales, la idea es reunir a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para diseñar, a partir de las necesidades de cada ciudad, lo que describió como la mayor operación de seguridad urbana en la historia del país. El anuncio llegó sin mayores precisiones sobre cómo se financiará, qué entidades lo integrarán o bajo qué marco legal operará.
Es comprensible que la propuesta tenga eco. Colombia atraviesa un momento de extorsión contra comerciantes, de atracos que se han vuelto rutina en varias capitales y de una sensación extendida de que el Estado no está a la altura del problema. En ese contexto, cualquier anuncio que prometa «no más extorsiones, atracos y homicidios» —como escribió el mandatario electo— suena atractivo, sin importar a que costo traiga esta promesa.
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El problema no es el diagnóstico, es la receta
El país ya vivió, hace más de dos décadas, la promesa de que la ciudadanía organizada y armada podía suplir al Estado en la tarea de brindar seguridad. Se llamaron Convivir: cooperativas de vigilancia rural nacidas con el argumento de la autodefensa legítima, que terminaron convertidas en la semilla de estructuras paramilitares responsables de masacres, desplazamientos y asesinatos selectivos en buena parte del territorio nacional. Esa memoria es la que activaron de inmediato varios sectores políticos y sociales apenas se conoció el anuncio. El representante electo Óscar Benavides fue directo: recordó que «ayer las Convivir, hoy bloques de defensa» y advirtió que ya se sabe en qué tipo de grupos armados terminó ese experimento. El senador Alejandro Ocampo, por su parte, fue más allá y preguntó abiertamente si el país está a las puertas de un «paramilitarismo 2.0», invocando los nombres de excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso y alias Cadena para ilustrar el riesgo de que la fórmula derive, otra vez, en masacres, destierros y falsos positivos.
Que esas alarmas se enciendan no es un simple reflejo de oposición política. Es una lectura basada en un antecedente histórico concreto: en Colombia, cada vez que se ha planteado la seguridad ciudadana como una alianza informal entre el Estado, las élites regionales y «la comunidad organizada» —sin controles claros, sin transparencia sobre quién financia y quién comanda— el resultado ha sido la privatización de la violencia, no su contención.
Un anuncio sin contenido, pero con un problema de origen
A esto se suma otro dato inquietante: la propuesta no vino acompañada de ningún desarrollo institucional. No se sabe si el «bloque» operará bajo la Policía Nacional, si tendrá presupuesto propio, si involucrará a civiles armados o si se limitará a una mesa de coordinación entre alcaldías y fuerza pública. Anunciar una «operación de seguridad» de esta magnitud por redes sociales, sin marco jurídico ni mecanismos de rendición de cuentas, no es solo una falla de comunicación: es exactamente el tipo de vacío institucional que históricamente ha sido llenado por actores paraestatales armados ilegales que se presentan como «defensores» de la comunidad.
El propio origen profesional del presidente electo alimenta las suspicacias. No se puede dejar pasar que ha sido Abelardo quien litigó durante años en defensa de figuras señaladas de vínculos con el crimen organizado sea ahora quien promete acabar con la delincuencia mediante bloques armados de «defensa ciudadana».
Nadie niega que la extorsión, el atraco y el homicidio son problemas urgentes que exigen respuesta. El reporte de El Heraldo sobre la situación de los comerciantes en Soledad, Atlántico —citado por el propio De la Espriella al lanzar su propuesta— confirma que el fenómeno es real y golpea la economía cotidiana de miles de familias. Pero la respuesta a un Estado débil no puede ser un Estado que delega su función de proteger en estructuras paralelas, así se llamen «bloques de defensa» en lugar de Convivir o autodefensas. La seguridad urbana necesita más policía bien entrenada, mejor inteligencia criminal, justicia que no deje impune la extorsión y coordinación real entre Nación y alcaldías, no un eslogan de campaña convertido en decreto sin control democrático. Si el nuevo Gobierno insiste en este camino, la pregunta de Ocampo —¿tendremos paramilitarismo 2.0?— seguirá exigiendo una respuesta que, hasta ahora, el presidente electo no ha dado.
