Acuerdo de Paz: avances institucionales y deudas de seguridad
El Acuerdo de Paz volvió al centro del debate en Bogotá, donde la Defensoría del Pueblo reunió a víctimas del conflicto armado, personas firmantes de paz, expresidentes de la República y representantes de la Corte Constitucional y de las Naciones Unidas para revisar los avances y las deudas de la implementación en sus primeros diez años. La discusión se concentró en seguridad, justicia, reparación y garantía de derechos.
En la apertura de la audiencia, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, sostuvo que la paz debe medirse por su efecto en la vida cotidiana de las comunidades y no solo por los actos institucionales. Según la magistrada, la protección efectiva de los derechos fundamentales es una condición para una paz duradera, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, y el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de vida digna para víctimas y firmantes.
El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, destacó que cerca de 11.000 personas siguen en proceso de reincorporación. También advirtió que persisten riesgos graves: la Misión de Verificación ha registrado 501 homicidios de excombatientes, además de amenazas como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, la extorsión contra proyectos productivos y los desplazamientos forzados. A su juicio, la seguridad depende de una presencia efectiva del Estado y de mejores condiciones de vida, oportunidades económicas y servicios públicos en los territorios.
Los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque coincidieron en que la paz exige responsabilidad institucional, aunque enfatizaron asuntos distintos. Santos llamó a defender la verdad frente a la desinformación y afirmó que la implementación integral del acuerdo es una obligación del Estado. Duque, por su parte, pidió respeto por las diferencias y planteó que la paz no debe seguir siendo tratada como una bandera de facción, sino como un propósito compartido.
De acuerdo con la ONU, al calendario previsto para el Acuerdo de Paz le quedan cinco años. Ese plazo, señaló la misión, será decisivo para consolidar la reincorporación, proteger a líderes sociales y comunidades, garantizar los derechos de las víctimas y llevar desarrollo institucional a los territorios más expuestos a la violencia.
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