Pobreza en Colombia y brechas de derechos
La pobreza en Colombia bajó al 28 % en 2025, su nivel más bajo desde 2012, pero la Defensoría del Pueblo advirtió que la reducción no elimina brechas estructurales que afectan con más fuerza a las mujeres, la población rural y los hogares con niñas y niños. Según cifras citadas por la entidad, entre 2023 y 2025 más de tres millones de personas salieron de la pobreza y cerca de 1,4 millones dejaron la pobreza extrema.
En un pronunciamiento por el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza Extrema y el Hambre, la Defensoría sostuvo que la pobreza debe analizarse como un problema de derechos humanos y no solo de ingresos. De acuerdo con el DANE, la pobreza monetaria pasó de 43,1 % en 2020 a 28 % en 2025, mientras la pobreza extrema cayó de 13,8 % en 2022 a 9,6 % en 2025. El coeficiente de Gini también bajó de 0,556 a 0,531.
La mejoría, sin embargo, fue desigual. En 2025, la pobreza afectó al 32,3 % de los hogares con jefatura femenina, frente al 24,5 % de los hogares con jefatura masculina. La brecha territorial también fue marcada: 39,5 % en zonas rurales y 24,6 % en cabeceras municipales.
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Las cifras por ciudades muestran contrastes fuertes. Quibdó registró el mayor índice de pobreza monetaria con 61,7 %, seguida de Riohacha con 45,4 % y Sincelejo con 43,3 %. En el otro extremo estuvieron Manizales (13,2 %), Medellín (16,7 %), Bogotá (17,8 %) y Cali (19,7 %).
La incidencia de la pobreza también aumentó según el número de menores de 12 años en el hogar: fue de 16,5 % en hogares sin niños, 31,8 % con uno, 47,9 % con dos y 73,3 % con tres o más. En alimentación, la inseguridad alimentaria moderada o grave bajó de 25,5 % en 2024 a 21,1 % en 2025, aunque siguió siendo más alta en hogares con jefatura femenina (23,1 %) y en los encabezados por personas sin educación formal (45,7 %).
Entre las medidas planteadas por la Defensoría están reforzar el empleo y el emprendimiento femenino, reducir la brecha salarial, reconocer el trabajo de cuidado no remunerado, ampliar el acceso de mujeres jóvenes a educación superior y formación técnica, y diseñar programas con enfoque diferencial para mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto. También pidió avanzar en una medición de la desigualdad sobre tierra, vivienda, activos y riqueza, y advirtió que el Registro Universal de Ingresos no debe implicar retrocesos en la garantía de derechos.
