Incentivos turísticos: qué aprobó el Ejecutivo de Panamá
Incentivos turísticos es la apuesta del Ejecutivo de Panamá con el proyecto de ley 31-26, aprobado por el Consejo de Gabinete para unificar los beneficios fiscales dirigidos a la inversión en el sector y reemplazar normas dispersas que hoy regulan esa materia.
Según informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en una conferencia de prensa del 26 de agosto de 2026, la propuesta busca estimular nuevos proyectos, modernizar infraestructura existente y orientar mayores ventajas hacia zonas con rezagos de desarrollo, entre ellas el Caribe panameño.
La administradora de la ATP, Gloria De León, afirmó que el esquema no pretende impulsar desarrollos inmobiliarios ajenos al turismo, sino ampliar la capacidad de alojamiento, fortalecer el turismo comunitario y promover inversiones con impacto en empleo y sostenibilidad. La funcionaria también señaló que la entidad podrá definir qué productos turísticos priorizar según cada región.
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De acuerdo con la explicación oficial, el rediseño reúne en un solo marco jurídico varias leyes y decretos previos y establece controles para evitar que un mismo proyecto reciba beneficios duplicados. La fuente añadió que los incentivos estarán sometidos a evaluaciones técnicas, fiscalización interinstitucional y separación contable de las actividades beneficiadas.
Qué cambia con los incentivos turísticos en Panamá
La propuesta incorpora estímulos para segmentos como el turismo náutico, de reuniones y convenciones, el ecoturismo, el turismo de naturaleza y el cultural. Según la ATP, esa diversificación busca elevar la estadía promedio y el gasto por visitante, además de acelerar la modernización tecnológica del sector.
El presidente de Apatel, citado por la entidad, respaldó el proyecto y destacó que los hoteles en renovación podrían acceder a beneficios fiscales hasta dos veces en cinco años. Aseguró que esa opción favorecería nuevas contrataciones y compras de equipos en el país, en un momento en que, según dijo, diez hoteles están en proceso de renovación.
La iniciativa también deroga la Ley 80 de 2012, el artículo 1 de la Ley 91 de 2017, la Ley 82 de 2019 y varios decretos ejecutivos vinculados al régimen vigente. El Órgano Ejecutivo, añadió la información oficial, deberá reglamentar la norma dentro de los 60 días hábiles siguientes a su promulgación, si el proyecto supera el trámite correspondiente.
Fuente: Cancillería de Panamá – noticias.
