¿Odio a Antioquia? Los billones invertidos por el Gobierno Petro cuentan otra historia
Hay relatos que se repiten tanto que terminan pareciendo verdad. Uno de ellos lleva varios años circulando en Antioquia con disciplina política: que el presidente Gustavo Petro odia al departamento, que el Gobierno Nacional lo margina, que la inversión no llega. El problema es que tiene un origen muy preciso y un nombre propio —en realidad, dos— y que los hechos lo desmienten con números.
¿De dónde sale la narrativa del odio?
Fue en marzo de 2024 cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó públicamente la acusación. En declaraciones recogidas por medios nacionales, Fico afirmó que Petro «odia» a Antioquia y que su gobierno opera con retaliaciones políticas contra el departamento. El gobernador Andrés Julián Rendón siguió el mismo camino: en múltiples ocasiones señaló que el presidente «mira para otro lado» y que Antioquia recibe menos de lo que le corresponde. Ambos construyeron así un relato de victimización regional que tiene un efecto político conocido: unifica identidades, simplifica el debate y convierte una disputa de política pública en un conflicto emocional.
Petro les respondió directamente. En X, el presidente citó los propios datos para refutar la acusación: Antioquia era el departamento donde más tierra se había entregado a campesinos, Medellín había alcanzado la tasa de desempleo más baja de todas las capitales del país, y los indicadores de seguridad mejoraban gracias a la política de paz. «¿Cómo será el odio que le tenemos a Antioquia?», escribió con ironía.
La estrategia de Fico y Rendón es comprensible en términos electorales. Pero tiene un costo alto: distorsiona la discusión pública, convierte los datos en objeto de sospecha y le impide a Antioquia tener una relación madura con la Nación. Una cosa es exigir mayor eficiencia en la ejecución del gasto —debate legítimo y necesario— y otra muy distinta es negar la existencia misma de la inversión.
Lo que dicen los datos
Entre 2022 y 2026, el Gobierno Nacional ha destinado más de $12 billones a Antioquia en los sectores más sensibles para la gente. No es retórica. Es inversión documentada en portales públicos.
En educación, la apuesta ha sido de $8,3 billones: $5,1 billones para preescolar, básica y media —incluyendo 265 intervenciones en infraestructura que benefician a cerca de 250.000 estudiantes— y $2,9 billones para educación superior. El rescate de la Universidad de Antioquia en 2026, con $70.000 millones girados de inmediato para garantizar su funcionamiento y $245.000 millones adicionales para infraestructura, incluyendo la nueva Facultad de Ciencias de la Vida en Apartadó, es probablemente el gesto más concreto de ese compromiso.
En salud, más de $1 billón asignado a la red pública hospitalaria entre 2022 y 2026: 1.267 Equipos Básicos de Salud desplegados en los 125 municipios, 178 vehículos de transporte asistencial y 25 proyectos de infraestructura y dotación. Una cobertura que llega a municipios que históricamente tenían al sistema de salud muy lejos.
En infraestructura vial, los proyectos 4G de la Agencia Nacional de Infraestructura suman más de $5,9 billones en corredores que atraviesan el departamento: Autopistas al Mar 1 ($1,6 billones), Pacífico 1 ($1,3 billones), Río Magdalena 2 ($1,24 billones, con avance superior al 99%), Conexión Norte ($1,06 billones) y Pacífico 2 ($700.892 millones). Estas obras conectan a Medellín con Urabá, el suroeste y el nordeste, generan empleo y dinamizan economías regionales que esperaron décadas por infraestructura.
dinamizan economías regionales que esperaron décadas por infraestructura.
En protección social, el programa Colombia Mayor beneficia a 261.705 adultos mayores en Antioquia. Solo en los ciclos 1 y 2 de 2026, 74.693 personas recibieron sus transferencias, con una inversión de $124.438 millones. En lo que va del año, más de 8.200 nuevos beneficiarios ingresaron al programa.
El dato que Fico no mencionó
Hay un indicador que resulta especialmente incómodo para la narrativa del «odio»: en 2024 y durante la mayor parte de 2025, Medellín fue consistentemente la capital con la tasa de desempleo más baja del país, según el DANE. En el trimestre junio-agosto de 2025 alcanzó el 6,4%, con 95.000 nuevos ocupados respecto al año anterior. La ciudad que supuestamente es abandonada por el Gobierno Nacional lidera en generación de empleo frente a Bogotá, Cali, Barranquilla y todas las demás capitales. Ese dato no surgió en el vacío: es resultado de políticas macroeconómicas nacionales, inversión en educación técnica y condiciones generadas en parte desde el Gobierno central.
La tierra que volvió a manos campesinas
Hay otro capítulo que la derecha paisa prefiere no mencionar. En 2024, Antioquia fue el departamento que más tierra entregó a comunidades rurales en todo el país, con más de 8.904 hectáreas adjudicadas y 8.200 hectáreas formalizadas a familias que llevaban años esperando sus títulos. En el Bajo Cauca, municipios como Cáceres recibieron tierras que habían pertenecido al exjefe paramilitar ‘Macaco’. En Tarazá y Apartadó se constituyeron dos Zonas de Reserva Campesina con más de 71.000 hectáreas. Son territorios históricamente golpeados por la violencia y el despojo que hoy, por primera vez, tienen certeza jurídica sobre su tierra. Eso, en un departamento con la mayor población campesina de Colombia, es transformador.
Informe parcial: inversión y beneficiarios 2022–2026
Gobierno Nacional en Antioquia · Resumen por sectores
Fuentes: mineducacion.gov.co · ani.gov.co · prosperidadsocial.gov.co · ant.gov.co · dane.gov.co · Infobae Colombia (enero 2025) · El Colombiano (2024–2025)
Pero los números no son petristas ni uribistas. Los publica el DANE, el MinEducación, la ANI, Prosperidad Social y la Agencia Nacional de Tierras. Y dicen que Antioquia ha recibido más de $12 billones en inversión social e infraestructura, que Medellín tiene el desempleo más bajo del país, y que el campo antioqueño vio devuelta tierra que el paramilitarismo había robado. Eso no es odio. Eso es, con todos sus defectos y deudas pendientes, política pública funcionando.
Antioquia merece un debate político a la altura de su complejidad. No un relato de confrontación que le sirve a unos pocos y le cuesta caro a los que viven de sus municipios, sus escuelas y sus tierras.
