Seguridad hídrica para proteger cuencas y embalses
La seguridad hídrica en Antioquia sumó a la Universidad de Antioquia al Gran pacto territorial promovido por la Corporación Cuenca Verde, una alianza suscrita inicialmente por 10 años para proteger las cuencas que abastecen embalses estratégicos para el Valle de Aburrá.
Según la UdeA, en el acuerdo participan actores públicos, privados, ambientales, comunitarios y académicos para enfrentar las presiones climáticas y humanas sobre los ríos Medellín-Aburrá, Grande, Negro y Arma. Esas fuentes abastecen sistemas como La Fe, Piedras Blancas y Riogrande II, de los que depende buena parte del agua potable consumida en el área metropolitana.
La vicerrectora de Investigación, Marcela Garcés Valderrama, firmó el documento en representación de la universidad. De acuerdo con sus declaraciones, la institución pondrá al servicio del pacto sus capacidades de investigación, formación y extensión para producir evidencia científica, identificar riesgos, orientar decisiones y evaluar resultados junto con autoridades, empresas y comunidades.
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Entre los firmantes también están la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, EPM, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cornare, Corantioquia, Cuenca Verde y organizaciones ambientales. En el documento, la seguridad hídrica se define como la capacidad de un territorio para asegurar disponibilidad, calidad y acceso equitativo al agua en cantidad suficiente para la vida, los medios de subsistencia y la integridad de los ecosistemas.
El pacto fijó siete ejes estratégicos. Entre ellos están la conservación y restauración de páramos, bosques altoandinos, rondas hídricas y zonas de recarga; el uso eficiente y equitativo del agua; la mejora de la calidad del recurso y el saneamiento; la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo; el fortalecimiento de la gobernanza; y la búsqueda de financiación sostenible con mecanismos de compensación para comunidades asentadas en las cuencas abastecedoras.
Otro de los compromisos será crear programas de educación ambiental, campañas de comunicación pública sobre el valor del agua y mecanismos permanentes de participación ciudadana y veeduría social. Además, las entidades deberán generar y compartir datos hidrológicos, climáticos y socioeconómicos para sustentar decisiones sobre el manejo del agua y el cuidado de las cuencas.
Fuente: UdeA – sitio web.
