El gobierno de Gustavo Petro logró una victoria de alto impacto en materia de salud pública tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que confirmó la validez de la licencia obligatoria del dolutegravir en Colombia.
La decisión desestimó la demanda presentada por ViiV Healthcare y Shionogi & Co., Ltd., que buscaban frenar la medida adoptada en 2023 mediante la resolución 1579 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que se declaró el interés público sobre este medicamento esencial.
De 200 dólares a 6: el dato que cambia el debate
El punto más contundente del fallo está en su impacto económico. Antes de la intervención del Estado, el dolutegravir podía superar los 200 dólares por tratamiento (alrededor de 800.000 pesos colombianos).
Con la licencia obligatoria, el precio se reduce a aproximadamente 6 dólares, permitiendo la entrada de versiones genéricas y rompiendo el control exclusivo de la patente. Esta reducción no es menor: redefine el acceso al tratamiento para miles de personas que viven con VIH, especialmente aquellas con recursos limitados o dependientes del sistema público de salud.
Interés público por encima de la patente
El tribunal concluyó que Colombia actuó dentro del marco legal andino, al considerar que existen razones de interés público que justifican la licencia obligatoria. En este caso, la atención del VIH se impone sobre los intereses comerciales de las farmacéuticas.
“El Tribunal declaró infundada la demanda”, ratificando que este tipo de medidas son válidas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales.
#Comunicado | El Tribunal Andino confirmó la validez de la licencia obligatoria de dolutegravir en Colombia, una decisión que sienta un precedente al respaldar el uso de futuras licencias obligatorias en la región y garantizar el acceso a medicamentos esenciales. pic.twitter.com/IZoJk8zeEI
— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) April 28, 2026
Un precedente contra la mercantilización de la salud
El fallo no solo respalda a Colombia. También sienta un precedente en la región frente a un modelo en el que, durante años, el acceso a medicamentos ha estado condicionado por patentes y altos costos.En adelante, los países de la Comunidad Andina cuentan con mayor respaldo jurídico para aplicar licencias obligatorias cuando el acceso a tratamientos esté en riesgo.
Victoria política y social
Para el Gobierno Petro, la decisión representa un triunfo frente a las grandes farmacéuticas y fortalece su enfoque de priorizar el derecho a la salud sobre la lógica del mercado. Pero más allá de la lectura política, el efecto es concreto: un medicamento esencial deja de ser inaccesible y se convierte en una herramienta real de tratamiento para miles de colombianos.
