Oposición política enfrenta barreras fuera del Congreso
La oposición política en Colombia sigue enfrentando barreras para ejercer sus derechos en asambleas y concejos, según un informe que la Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso de la República. El documento, divulgado en el marco de los 10 años del Acuerdo Final de Paz y de los 8 años del Estatuto de la Oposición, revisa la aplicación de esa norma en los niveles nacional, departamental y municipal.
De acuerdo con la entidad, varios derechos del Estatuto fueron diseñados pensando en el Congreso, lo que ha limitado su implementación en corporaciones departamentales, distritales y municipales. Por eso, la Defensoría pidió que los partidos y movimientos se apropien de esas herramientas también en asambleas departamentales y concejos municipales y distritales.
El informe añade que hacer oposición en el país todavía requiere garantías que no están consolidadas y advierte un bloqueo estructural en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), problema que, según la Defensoría, fue identificado por la Corte Constitucional en 2025. La entidad también señaló que durante las elecciones recientes persistieron percepciones de inseguridad y demoras institucionales en materia de protección.
Violencia digital y riesgos para las mujeres en la oposición política
Con datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), la Defensoría reportó que entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026 se registraron 435 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales. De ese total, 80 casos (18,4 %) afectaron a mujeres lideresas y 52 golpearon de manera exclusiva a lideresas políticas.
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En el frente digital, la entidad monitoreó comentarios hostiles en X contra 61 actores políticos de partidos declarados en oposición, entre el 20 de febrero y el 30 de mayo de 2026. Encontró que la forma más frecuente de violencia digital fue el insulto o la descalificación (34,08 %), seguida de otros contenidos hostiles (31,95 %). La agresión verbal y simbólica predominó sobre las amenazas directas.
La Defensoría vinculó estas alertas al Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia, una iniciativa promovida junto con la Conferencia Episcopal, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU, ONU Mujeres, el PNUD y la MOE para impulsar principios de debate democrático en las elecciones de 2026.
Según el reporte, las mujeres fueron afectadas de forma desproporcionada: aunque representaban el 19,7 % de la muestra monitoreada, concentraron el 38,3 % de los registros hostiles. Entre sus recomendaciones, la Defensoría planteó revisar el diseño normativo del Estatuto, incorporar de manera transversal el enfoque de género y avanzar con un cronograma definido en la implementación del SISEP.
