Los mineros del Nordeste anuncian paro para rechazar un proyecto de ley. Esto se debe a la radicación de un proyecto que se propone eliminar la explotación ilícita de minerales, donde tiene enfrentado a varias organizaciones con el gobierno nacional.
Así mismo, como Agremiaciones de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Caldas y la región del Pacífico, el cual están unidas desde el 21 de abril a través de una Mesa Nacional de Minería, anunciaron un paro el próximo 13 de mayo en caso de que esta alternativa no se retire del Senado. Sin embargo, el gobierno insiste que no se buscaría criminalizar a los mineros informales.
Pues son los que se oponen, ya que de ser aprobado pondría en riesgo su subsistencia, y más en estos momentos que el departamento está pasando por una situación crítica ante el COVID-19. Esta alternativa está compuesta por 26 artículos, el Proyecto de Ley 059 de 2020 fue radicado de forma conjunta por las carteras de Justicia, Defensa, Medio Ambiente y Minas y Energía con el objetivo de modificar y agregar varios artículos al Código Penal.
Los mineros del Nordeste anuncian paro para rechazar un proyecto de ley
Consecuencias
Estos cambios traerán consecuencias para aquellos ciudadanos que estén involucrados en esta labor de minería ilegal, donde está estimado entre 5 y 12 años de prisión y multas hasta por 50.000 salarios mínimos por explorar, explotar o extraer minerales sin permiso.
Sandra Sandoval, viceministra de Minas, dijo que con el proyecto se busca incentivar una extracción amparada por la ley y facilitar los procesos de formalización. La meta antes de 2022, el cual sería la de incluir a 27.000 mineros en actividades legales.
Según estimó la Mesa Minera Nacional de Minería, en el país serían cerca de tres millones los mineros afectados de aprobarse esa ley. En Antioquia serían los municipios de la subregión del Nordeste y el Bajo Cauca los que tendrían mayores impactos.
Jaime Alonso Gallego Gómez, presidente de la Mesa Minero-agro-ambiental del Nordeste antioqueño, planteó que la razón principal por la que ese sector rechaza la propuesta consiste en que pondría en el mismo nivel a la minería ancestral y tradicional con la minería controlada por los grupos ilegales. “Esta es la cuarta vez que el Gobierno Nacional intenta reformar el Código Penal en contra de los mineros tradicionales”, indicó.
