Madres campesinas denuncian nuevas interrupciones en los servicios de primera infancia. La falta de continuidad afecta la alimentación, el desarrollo infantil y las posibilidades laborales de las familias.
En Peque, occidente de Antioquia, un grupo de madres y padres de familia decidió llenar de corazones un Centro de Desarrollo Infantil. No celebraban una fecha especial. Era un acto de amor, agradecimiento y esperanza ante una situación que, según denuncian, está dejando nuevamente a sus hijos sin atención.
Catherine Suárez, madre de un menor beneficiario del CDI Condorcito, hizo llegar a Antioquia Crítica un testimonio sobre la suspensión de los servicios de Condorcito, Llaneritos y Educación Inicial Campesina (EIC).
Según su denuncia, 244 niños y niñas están afectados. Detrás de esa cifra hay familias campesinas, madres cabeza de hogar que necesitan trabajar y menores para quienes estos programas representan alimentación, cuidado y estimulación temprana.
Suárez asegura que el CDI Condorcito permaneció más de ocho meses sin funcionar durante 2026. El servicio habría regresado hace aproximadamente mes y medio, antes de una nueva suspensión.
El ICBF ya conocía los problemas
La situación tiene antecedentes documentados. En una respuesta oficial del 2 de marzo de 2026, el ICBF reconoció que tres invitaciones a operadores no lograron interesados para administrar Condorcito y Llaneritos.
La entidad explicó que los 76 cupos proyectados para ambos centros resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad operativa y financiera. El mismo documento registraba otros 168 cupos de Educación Inicial Campesina.
Esos registros respaldan la dimensión de la población atendida, aunque falta una confirmación oficial actualizada sobre cuántos menores permanecen sin servicio este noviembre.
La infancia no puede depender de un contrato
El artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 reconoce la nutrición y la educación inicial como derechos impostergables de la primera infancia.
«Los niños no son cifras, los niños no son contratos», reclamó Suárez.
La comunidad solicita al ICBF y a las autoridades territoriales una solución urgente, una fecha verificable de reanudación y medidas que protejan la alimentación y el cuidado infantil mientras persista la interrupción.
El interrogante es inevitable: ¿quién responde por los días de desarrollo, alimentación y acompañamiento que estos niños están perdiendo?
Los contratos pueden tener fechas de terminación. Los derechos de la infancia no deberían tener periodos de suspensión.
