Distritos mineros: qué estaba en marcha y qué cambia
Los distritos mineros creados durante el gobierno de Gustavo Petro quedaron sin delimitación tras una resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía el 3 de septiembre. En entrevista con la Agencia de Prensa del IPC, el exdirector de formalización minera Alexander Reina Otero sostuvo que la medida desmonta un instrumento de coordinación estatal que, según su balance, llevaba cerca de dos años de trabajo y tenía entre 60 % y 70 % de avance.
La entrevista publicada por el IPC presenta una diferencia sobre el alcance exacto de la derogatoria: en la presentación menciona 15 distritos, pero en el desarrollo habla de 10 delimitados por resolución. Reina explicó que, con diagnósticos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), se habían identificado cerca de 30 territorios con potencial para aplicar la política.
Según el exfuncionario, los distritos no definían por sí mismos dónde se podía o no hacer minería. Esa competencia, dijo, seguía en manos de la Agencia Nacional de Minería, las autoridades ambientales y los gobiernos locales. La figura buscaba articular a 32 entidades nacionales y territoriales en comités interinstitucionales para tramitar la formalización de la pequeña minería y planes de diversificación productiva.
Reina advierte efectos sobre formalización y territorio
Reina aseguró que, al momento de la derogatoria, ya estaban terminados 20 diagnósticos territoriales y formulados los planes de los 10 distritos delimitados. Añadió que tres habían sido concertados con comunidades del Bajo Cauca, Norte del Cauca y Litoral Pacífico Caucano, y que dos ya habían surtido consulta previa.
Para el exdirector, eliminar esa arquitectura institucional puede fortalecer la minería ilegal, porque deja a los pequeños mineros sin una mesa permanente de interlocución con el Estado y devuelve la presión a mecanismos como el paro. También advirtió efectos sobre alcaldías y concejos, en un contexto en el que, según su versión, buena parte de los municipios no ha actualizado sus esquemas de ordenamiento territorial.
Reina cuestionó además la motivación jurídica de la resolución y sostuvo que el Gobierno debería justificar técnicamente el cierre de una política que, según dijo, ya había ejecutado cerca de 10.000 millones de pesos y tenía otros 8.000 millones apropiados. A su juicio, la ruta más eficiente sería continuar con la delimitación, la consulta previa y la adopción de los planes ya iniciados, en lugar de reiniciar el proceso desde cero.
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Fuente: IPC – noticias y agencia de prensa.
