El Consejo de Estado impuso una medida cautelar al decreto que aumentó el salario mínimo para 2026 y suspendió provisionalmente sus efectos, abriendo un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y la Rama Judicial.
La decisión se produjo en el marco de varias demandas presentadas contra el decreto expedido por el Ejecutivo, en las que se argumentó que el ajuste no habría cumplido con los parámetros técnicos exigidos por la ley para la fijación del salario mínimo.
¿Qué ordenó el alto tribunal?
El alto tribunal otorgó un plazo de ocho días calendario al Gobierno para expedir y publicar un nuevo decreto provisional que establezca:
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Un porcentaje transitorio de incremento del salario mínimo para 2026.
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El valor total correspondiente que regirá durante esta vigencia.
Ese monto tendrá carácter provisional y aplicará mientras se emite una sentencia definitiva dentro del proceso.
Cabe recordar que el aumento decretado por el Gobierno fue del 23%, lo que implicaba que el salario mínimo pasara de $1.423.500 a $1.750.905 para 2026.
Con esta decisión, el Consejo de Estado no anula de fondo el decreto, pero sí suspende sus efectos mientras avanza el análisis judicial.
Reacción del Gobierno
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con dureza frente a la medida y la calificó como “surrealista”.
Según el funcionario, la decisión afecta directamente a la clase trabajadora y evidencia —en su criterio— la influencia de sectores de poder en distintas instituciones del Estado.
“Me enteré de que se cayó el salario mínimo vital; eso demuestra otra vez que no se les quiere ayudar a los menos favorecidos, que hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso y las altas cortes y que ese beneficio no se les quiere dar a las personas”, afirmó.
Benedetti sostuvo además que el país ya venía operando bajo el nuevo incremento sin que se registraran impactos inflacionarios significativos.
“Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había crecido, el precio de los alimentos no había crecido. Para mí esto es más una decisión política que se supone que las cortes no deberían tomar. Para mí es una decisión surrealista”, agregó.
Estamos jodidos: Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores, la Corte Constitucional no deja que se le impongan impuestos a los ricos para que haya mejores políticas públicas sociales en favor de los menos favorecidos. Y el Congreso también…
— Armando Benedetti (@AABenedetti) February 13, 2026
Impacto económico y político
El fallo se produce en un contexto en el que algunos sectores empresariales advertían sobre el impacto del alza. De hecho, reportes recientes señalaban que cerca del 14% de las empresas migraron de salario integral a salario ordinario tras el fuerte incremento del mínimo.
Ahora, el Gobierno deberá ajustar el decreto dentro del plazo fijado por el Consejo de Estado, mientras el país queda a la expectativa de una sentencia definitiva que definirá la legalidad del aumento.
El debate, más allá del componente jurídico, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el equilibrio entre sostenibilidad empresarial, protección del empleo y garantías para los trabajadores en un escenario de alta polarización política.
