Escándalo en el Concejo de Itagüí: Denuncian «diplomas fantasma» y presuntos sobrecostos en contrato de Inteligencia Artificial
Itagüí
Una grave denuncia por presuntas irregularidades ha sacudido al Concejo Municipal de Itagüí. En el centro de la polémica se encuentra un contrato por un valor de 400 millones de pesos, el cual fue celebrado durante la presidencia de Daniel González, señalado en la denuncia como primo de Carlos Andrés Trujillo.
El caso fue destapado por el concejal Walter Betancur, quien expuso en plena sesión serias dudas sobre la ejecución de los recursos y la veracidad de los informes entregados por el contratista. Según la información revelada, dentro de este contrato se destinaron 60 millones de pesos para dictar un diplomado en Inteligencia Artificial (IA) dirigido a 20 personas, entre concejales y funcionarios de la corporación.
Adicionalmente, se cobraron 39 millones de pesos por la instalación de un aplicativo de IA para esos mismos 20 usuarios.
Betancur cuestionó fuertemente los valores y sugirió un presunto sobrecosto al comparar estas cifras con la oferta académica actual. El cabildante explicó que, mientras en este contrato el costo por asistente superó los 3.5 millones de pesos, un programa similar en la universidad Konrad Lorenz tiene un valor de 1.360.000 pesos más IVA.
Certificados sin asistencia
Sin embargo, el hallazgo más grave radica en la emisión de los certificados. Al revisar los informes de resultados del contrato, los corporados encontraron que se expidieron diplomas de participación a nombre de personas que afirman jamás haber asistido a las clases.
El propio concejal Walter Betancur mostró un certificado emitido a su nombre y declaró indignado: «Yo no asistí ni recibí capacitación de esta empresa. Nunca firmé la planilla». Betancur calificó el hecho como una «sinvergüenzada», al evidenciar que el documento certificaba falsamente su asistencia al diplomado en inteligencia artificial aplicada.
Esta situación fue respaldada por otro corporado durante la sesión, quien confirmó que se emitieron diplomas certificando conocimientos y participaciones de las cuales ellos nunca hicieron parte ni se certificaron.
Ante la gravedad de las pruebas presentadas, los concejales afectados anunciaron que llevarán el caso ante las autoridades competentes. Los denunciantes advirtieron que interpondrán una denuncia penal, argumentando que la expedición de estos certificados falsos configura claramente el delito de falsedad ideológica en documento público.
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